El Diario Oficial de la Federación ha publicado un decreto que reforma y adiciona el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con estos cambios, la dependencia encargada de la seguridad pública a nivel federal, encabezada actualmente por Omar García Harfuch, obtiene nuevas atribuciones que buscan fortalecer la coordinación y eficacia en la estrategia nacional de seguridad.
Nuevas facultades para la SSPC
La reforma otorga a esta dependencia un papel central en la gestión y coordinación de las políticas de seguridad pública. Entre las facultades ampliadas destacan:
- Diseño y ejecución de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública: La Secretaría formulará, coordinará y dirigirá las políticas, programas y acciones relacionadas con esta estrategia. Esto la posiciona como el eje rector en materia de seguridad a nivel nacional.
- Coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en seguridad pública: Bajo el marco de la ley, la dependencia será responsable de integrar y operar este sistema, con el fin de centralizar la información relevante para prevenir y combatir delitos.
- Facilitación de colaboración entre órdenes de gobierno: Podrá solicitar información a instituciones de seguridad pública y dependencias estatales para esclarecer delitos, garantizando un flujo continuo y eficiente de datos.
- Supervisión de fondos de seguridad: Aunque el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública supervisará directamente el uso de los fondos federales, la Secretaría tendrá un papel clave al garantizar la correcta implementación de estos recursos.
Ampliación de las funciones del Secretariado Ejecutivo
El decreto también refuerza las capacidades del Secretariado Ejecutivo, al permitirle:
- Emitir lineamientos y acuerdos para homologar estándares y criterios en los tres órdenes de gobierno.
- Supervisar que las acciones y políticas de seguridad pública sean eficientes, transparentes y responsables.
- Fortalecer la coordinación entre municipios, entidades federativas y el gobierno federal, asegurando que todas las instancias trabajen bajo los mismos objetivos.
Impacto y objetivos de la reforma
La reforma pretende abordar las crecientes demandas en seguridad pública mediante un modelo centralizado y transparente. Al dar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana un papel protagónico, se busca que las políticas nacionales tengan una ejecución más eficaz, mejorando la capacidad del gobierno para responder a la inseguridad en el país.
Estos cambios legislativos entrarán en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial, y la Secretaría dispondrá de 90 días para ajustar los marcos normativos necesarios. Este plazo será fundamental para definir cómo se implementarán las nuevas facultades y garantizar que los recursos existentes sean suficientes para cubrir las necesidades operativas.
