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El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza denunció que al interior del instituto a su cargo, se identificó que operaban redes de corrupción en las cuales están involucrados jueces, abogados, así como colusión con personal de los poderes de justicia de diferentes estados, a través de las cuales se logró el despojo de viviendas de interés social en perjuicio de 249 mil derechohabientes del instituto.
En la conferencia mañanera de este lunes, encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desde Palacio Nacional, el director del Infonavit, señaló que los procesos se llevaron a cabo sin notificación a las personas demandadas y que se les promovieron juicios en otras entidades a donde vivían, lo cual generó pagos ilegales por 29 mil millones de pesos a una veintena de despachos de abogados.
Explicó, que lo anterior ocurrió debido a que se realizaron una serie de juicios masivos totalmente ilegales, debido a que miles de ellos, se realizaron en entidades federativas distintas a los lugares de residencia de donde se encontraban los derechohabientes, lo que evitó que las y los afectados pudieran ser notificados y enterarse de la situación que estaban viviendo.
Señaló que ya se han iniciado las demandas correspondientes contra nueve despachos, destacando que el despacho Desnor, fue una propuesta del representante de la Coparmex en la comisión de Vigilancia, “por cierto una organización empresarial que está muy preocupada por el dinero del Infonavit”. Además, ese representante está ligado a una empresa denominada Automatic Development la cual tiene proyectos de construcción del Infonavit.
“En 2012 se implementó una estrategia de juicios masivos, a través de despachos que cometieron irregularidades, porque no se notificaba los acreditados, se incluyeron acreditados que no tenían problemas de pago y como se hizo masivo y casi fue discrecional, lo que hicieron los despachos fue incluir gente que no tenía problemas …. Por ejemplo, un derechohabiente tenía una vivienda en el Estado de México lo demandaban en Coahuila, vulnerando su derecho a defenderse, porque nunca fueron notificados”.
Romero Oropeza dijo que se han promovido ya denuncias penales en contra de funcionarios del Poder Judicial estatales y contra los responsables de los despachos de abogados que se confabularon con esta red de corrupción para despojar de viviendas a derechohabientes, miles de los cuales estaban incluso al corriente de sus pagos y pese a ello fueron demandados.
Indicó que en el 2020 el Infonavit presentó una denuncia penal en Nayarit contra despachos de abogados, funcionarios del Poder Judicial y local y notarios “porque se afectaron a 62,000 derechohabientes de todo el país esto”, y de las denuncias presentadas en Nayarit, 17,700 derechohabientes eran de Chihuahua, 16,500 eran acreditados con sus viviendas en Tamaulipas, otros 6,200 estaban en Nuevo León y otros 20,000 en el resto del país “y solo 737 eran de Nayarit”.
Luego de detectar todos esos casos en Nayarit, dijo, se ordenó detener los juicios masivos contra miles de derechohabientes en todo el país, y al iniciar las investigaciones correspondientes se encontró que en todo el país 373 mil derechohabientes habían sido demandados para despojarlos de su vivienda.
De hecho, aclaró que de ese total de derechohabientes afectados, 249 mil perdieron su patrimonio y otros 202 mil se trata de viviendas que no se puede escriturar a nadie “porque esta se realizaron con juicios ilegales” y ni el acreditado ni el instituto son propietarios de dichos inmuebles.
Octavio Romero resaltó que resultado de las investigaciones realizadas que permitieron identificar la referida red de corrupción, la instrucción presidencial, fue la de resarcir el daño del que fueron objeto, aunque precisó que el costo del mismo, todavía se debe estimar, al tiempo de continuar con las denuncias penales a quienes resulten responsables de los despachos notarios y funcionarios de los poderes judiciales locales.