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La sequía extrema que afecta a Sinaloa ha alcanzado niveles críticos, dejando a sus municipios en condiciones de sequía severa, extrema o excepcional, según el más reciente informe de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). A pesar de la gravedad de la situación, el estado aún no ha implementado un programa integral para mitigar sus efectos, lo que ha generado preocupación en diversos sectores.
Mientras entidades como Chihuahua y Sonora han puesto en marcha estrategias para enfrentar la falta de agua, Sinaloa sigue sin una respuesta clara. Chihuahua, con apenas un 18% de almacenamiento en sus presas, ha destinado 1,000 millones de pesos a medidas como la tecnificación del riego, empleo temporal y la perforación de pozos. Por su parte, Sonora, con 16% de capacidad en sus embalses, ha solicitado apoyo al Gobierno Federal, logrando el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum para implementar acciones en beneficio de los agricultores.
En contraste, las presas de Sinaloa cuentan con solo 8% de agua disponible, lo que ha llevado a la CONAGUA a cerrar cinco de ellas (Huites, Buelna, Blake, Alcocer y Domínguez) para priorizar el consumo humano. Esta medida impactará directamente en la producción agrícola, pues 320 mil hectáreas quedarán sin cultivo, además de afectar la generación de energía hidroeléctrica.
Ante este panorama, el Colegio de Economistas de Sinaloa ha hecho un llamado urgente a las autoridades estatales y federales para coordinar esfuerzos y establecer un Programa Integral y Emergente contra la Sequía. La propuesta contempla la creación de un fondo especial, la implementación de técnicas de riego eficientes, el cambio a cultivos resistentes a la sequía y la perforación de pozos, entre otras estrategias.
Los especialistas advierten que de no tomarse medidas inmediatas, 2025 será un año sin crecimiento económico, con mayor desempleo y pobreza en las comunidades rurales. Además, subrayan la necesidad de trabajar en soluciones a mediano y largo plazo, como la actualización del marco legal del agua, la rehabilitación de infraestructura hidráulica y la promoción de una cultura de conservación del recurso hídrico.
Finalmente, el Colegio de Economistas insiste en que la crisis del agua no solo es un problema ambiental, sino un desafío social y económico que requiere acción inmediata y sostenida. La falta de medidas podría agravar la crisis económica y social del estado, exacerbando problemas como la violencia y la precariedad en las comunidades más afectadas.