
La Secretaría de Economía informó que continuará con la Operación Limpieza, una estrategia interinstitucional que busca combatir el contrabando, la piratería y el uso indebido del programa IMMEX, con el objetivo de proteger empleos y fortalecer la industria nacional.
En los últimos meses, esta operación ha permitido el decomiso de más de siete millones de piezas de mercancías introducidas ilegalmente al país, principalmente desde Asia, así como la suspensión de ocho empresas que simulaban exportaciones para evadir impuestos, en perjuicio del erario público.
Según el informe presentado por la dependencia federal, los operativos de la primera fase se realizaron a finales de 2024 en Baja California, Sonora, Coahuila, Durango y Ciudad de México, donde se aseguraron productos como juguetes, textiles, calzado, electrónicos, cosméticos, perfumes y artículos de oficina. Estos productos, al ingresar sin regulación, representaban una competencia desleal para los sectores productivos nacionales.
En la segunda fase, desarrollada en las semanas recientes, la Secretaría de Economía procedió a cancelar las operaciones de ocho empresas establecidas en Baja California, Aguascalientes y Jalisco, acusadas de simular procesos de manufactura bajo el esquema IMMEX. De acuerdo con la dependencia, estas empresas habrían ocasionado un quebranto superior a los 24 mil millones de pesos al fisco federal, al aprovechar indebidamente los beneficios arancelarios del programa.
La Operación Limpieza forma parte de las acciones estratégicas enmarcadas en el Plan México, impulsado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien instruyó continuar con los esfuerzos de vigilancia y sanción contra prácticas comerciales ilegales que afectan el desarrollo económico del país.
El operativo ha sido posible gracias a la coordinación con diversas dependencias federales, entre ellas la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a través de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior (AGACE). También ha contado con el respaldo de la Marina, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y gobiernos estatales.
En particular, la Fiscalía General de la República (FGR) ha tenido un papel clave al integrar las investigaciones y sustentar los casos legales derivados de esta operación.