BúsquedaA menos de un mes de que concluya la campaña electoral para elegir 3,442 cargos al Poder Judicial de la Federación (PJF), entre jueces, magistrados y ministros, la reflexión sobre la presunción de inocencia en favor de al menos ocho candidaturas a quienes se les señala de falta ‘de idoneidad’ para que se posicionen como personas juzgadoras a través del voto popular, conforme lo establece la Constitución, permea en especialistas del derecho fundamentalista y de su reglamentación.
Precisamente, el abogado Ramón López Castro, especialista en derechos fundamentales, comparte su opinión, dice, desde lo que las instituciones democráticas advierten: “Violación a la presunción de inocencia y el respeto al debido proceso en un contexto electoral inédito para el Poder Judicial”.
-El debate en el INE fue extenso, pero una mayoría de consejeros se posicionó por abrir un micrositio para recibir denuncias. Incluso, se critica al ‘árbitro de la democracia’. Guadalupe Taddei pronunció una postura alejada de la mayoría, ¿cómo valora usted este debate, en el que ella advirtió su desacuerdo al poner sobre la mesa pensar en la presunción de inocencia y que el INE no se salga de sus facultades?
-Es una advertencia legítima y oportuna. La presunción de inocencia no es un principio retórico, es un derecho humano consagrado en la Constitución. Reabrir un proceso de revisión sobre requisitos ya acreditados ante el Senado y los Comités de Evaluación implica poner en duda, sin base jurídica nueva, la legalidad de esas candidaturas. Hacerlo en medio de campañas genera incertidumbre jurídica.
-Pero habilitar un micrositio dentro del INE para recibir denuncias ciudadanas sobre presuntos vínculos de candidatos con el crimen organizado, ¿hace daño a esos perfiles?
-Es profundamente preocupante. Un espacio abierto a denuncias sin necesidad de pruebas vulnera directamente la presunción de inocencia. Convertir al INE en un buzón público para acusaciones anónimas transforma el proceso en un coliseo romano, como bien advirtió la presidenta Claudia Sheinbaum. No hay garantías para quienes sean señalados, ni para quien denuncia: no existen protocolos claros, ni filtros mínimos de veracidad.
-Insisto de otra manera, ¿se debe desechar de manera tajante, ignorar denuncias? Claro, el INE no es MP
-En una democracia, el escrutinio no puede sustituirse por el espectáculo. La frase ya referida resume perfectamente el riesgo de este tipo de mecanismos: no se puede montar una arena para que los candidatos sean juzgados por rumorología. La justicia no puede depender de percepciones, sino de pruebas.
-¿Cuál es el camino para armonizar, para tratar quizá algunas denuncias legítimas, para tomarlas en serio en este contexto?
-Si existe información nueva y documentada, todo eso debe presentarse ante la Fiscalía o fiscalías o ante el Tribunal Electoral. Pero no puede someterse a las candidaturas a un nuevo filtro burocrático o mediático que viole su derecho a una defensa adecuada. Las reglas no pueden cambiarse a mitad del juego. Debe canalizarse por las vías legales. El INE, como señaló la consejera Taddei, debe remitir cualquier indicio serio a las autoridades competentes. Lo que no puede hacer es fomentar el linchamiento mediático ni la sospecha sin sustento, más aún cuando ya hubo un procedimiento respaldado por el Senado.
¿Qué riesgos ve si este acuerdo avanza? ¿Se ‘tumbarán aspiraciones?
-Es peligroso: hoy son los jueces, mañana puede ser cualquier candidatura. También se deslegitima el trabajo del Senado y los comités evaluadores. Lo que está en juego es el respeto al marco legal, a los derechos humanos y a los límites institucionales. Eso es grave.
El pasado jueves, durante la sesión del Consejo General del INE dedicada a la elección de jueces, magistrados y ministros, la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala manifestó su desacuerdo sobre la revisión de requisitos de elegibilidad en el proceso de selección de candidaturas.
Son ocho perfiles con presuntos indicios jurídicos, lo que representa menos del 0.002% del total de registros.
La inconformidad ha provocado incluso que este jueves las organizaciones de Laboratorio Electoral, Práctica: Laboratorio para la Democracia, Defensores y Politiklab se den cita en las instalaciones del INE donde prevén la presentación formal de una denuncia por los riesgos de afectar la legalidad en la contienda y el respeto a los principios democráticos que deben regir este proceso inédito respecto a su acuerdo de receptación quejas ‘anónimas’.