Un grupo de 15 legisladoras, de MC, PT y Morena advierten que debe haber diálogo franco con la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Justicia ante la falta en la que se encuentra la Cámara de Diputados por no dar cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que mandató legislar para despenalizar el aborto.
La emecista Laura Ballesteros expuso que de manera colectiva más de 15 legisladoras han presentado un oficio a la Comisión Justicia de San Lázaro para que se atienda la sentencia emitida por la Corte ante el amparo del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), por la criminalización y no despenalización del aborto en el Código Penal.
Ballesteros Mancilla encabezó la mesa de trabajo legislativo y organizaciones Por un aborto legal, seguro y gratuito, en la que la petista Lilia Aguilar pidió que primero se realice un diálogo directo y franco con la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Justicia para poder dictaminar todas las iniciativas que hay por esta despenalización.
Laura Ballesteros aseguró que las diputadas de los distintos grupos parlamentarios han manifestado su interés por trabajar en la materia, pero se tiene definir una ruta para el dictamen, sin dilación.
“Somos 251 legisladoras mujeres en la Cámara de Diputados que tendríamos que estar velando por los derechos de todas las mujeres, las niñas y las jóvenes del país. Hay cuatro proyectos en la Comisión de Justicia: dos de Morena, uno del PT y uno de MC, pero ya se debe dictaminar y mandar al Pleno. Esa es la consigna para nosotras”, enfatizó.
También por MC, Anayeli Muñoz Moreno que no quiere dejar de impulsar este tema durante el largo periodo de receso; esperamos realizar un foro en la materia”.
Lilia Aguilar Gil precisó que el mandato “era que antes de que terminara este periodo se tenía que haber dictaminado, pero no se instaló la mesa de trabajo, no tenemos un dictamen, y además de las mesas de trabajo se debe realizar un diálogo directo y franco con la Junta de Coordinación Política -que preside Ricardo Monreal Ávila, y la Comisión de Justicia”.
En 2023, la primera sala del máximo tribunal del país determinó que tipificar el delito de aborto voluntario es violatorio de los derechos humanos de las mujeres y de las personas gestantes, especialmente del derecho a la igualdad y no discriminación, así como del derecho humano a la salud, por el cual constituyó jurisprudencia por precedente obligatorio.
Cuando el pleno o las salas determinan la inconstitucionalidad de una norma general, se procede a notificar a la autoridad emisora, para que en el plazo de 90 días supere el problema de inconstitucionalidad.
Sin embargo, el plazo se incumplió y la primera sala hizo una solicitud al pleno de la Corte para pronunciarse de manera definitiva sobre la despenalización del aborto, y la sentencia de todos los ministros fue emitir una declaratoria general de inconstitucionalidad en enero pasado.
A través de las declaratorias generales de inconstitucionalidad se expulsan del sistema jurídico las normas generales no tributarias contrarias a los derechos humanos fijados en la Constitución mexicana y los tratados internacionales, con el fin de mantener su congruencia, evitar desigualdades y garantizar una administración de justicia pronta y expedita.
Durante el foro sobre este tema, la morenista Mildred Concepción Ávila Vera comentó que un planteamiento es construir con esas cuatro iniciativas y todas las aportaciones de las asociaciones una sola, y que “cada quien, desde su bancada, la suscribamos y lograr la mayoría y tener el número de votos que se requieran de todos los grupos parlamentarios”.
Otra emecista, Laura Hernández García expresó que no se le debe dar vuelta al tema y se debe derogar la tipificación del delito de aborto ante la sentencia de la Corte, que, consideró, es muy clara y se debe acatar lo que dice.
“Es importa explicar que ninguna mujer va a abortar como si fuera cambio de ropa. Es una situación de conciencia y no se les debe penalizar por cuestiones de nuestros propios cuerpos. El foro debería ser en el marco del periodo extraordinario”.
Por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Francisco Cué pidió que se focalice la reforma al Código Penal con el afán de unir esfuerzos y de manera estratégica darle luz verde a las iniciativas
Cristina Santana, de la Red de Liderazgos Jóvenes a Favor de los Derechos Sexuales y Reproductivos, del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir A.C., (REDefine México), manifestó que el modelo de semanas ha quedado obsoleto y existen carpetas de investigación por el delito de aborto.
Ninde MolRe, de Abortistas MX, argumentó que no se busca la criminalización, dado que sigue habiendo penas no despenalizantes. Preguntó qué posibilidad hay de defender este tema, ya que a la hora de llegar a comisiones se tiene un retroceso y se empieza desde cero.
Pascale Brennan, de REDefine México, manifestó su inquietud por la estrategia de incidencia social para acompañar el proceso, debido a la preocupación hacia el actuar de la sociedad.
Patricia López, de la Red de los Derechos Reproductivos en México, indicó que las organizaciones pueden dar pequeñas capacitaciones a las y los diputados respecto a las semanas de gestación válidas, mediante información precisa y así aclarar dudas.
Al encuentro también asistieron representantes de las asociaciones Católicas por el Derecho a Decidir México, IPA Latinoamérica y el Caribe y de Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud.