Secuestro, defender u otorgar amparos presuntos integrantes de la delincuencia organizada, vínculos con miembros del crimen organizado, portación de armas, delitos contra la salud, abuso sexual, órdenes de aprehensión vigentes y hasta desaparición forzada de personas en agravio de un periodista son algunos de las imputaciones y carpetas o averiguaciones que tienen abiertas al menos 18 de los candidatos que buscan convertirse en jueces y magistrados en los comicios de este 1 de julio donde se renovará el poder judicial en México.
Otros 8 candidatos más no cumplen con el promedio general de calificación en la licenciatura de cuando menos ocho puntos que exigen los lineamientos y convocatoria para participar en esta elección y que pese a esto, todos ellos, es decir, las 26 candidaturas lograron pasar los filtros de los Comités de Evaluación del Senado, Cámara de Diputados y hasta del INE.
Por ello y a menos de un mes de las elecciones para renovar el poder judicial, el Senado y la Cámara de Diputados impugnaron esta 26 candidaturas que buscan convertirse en jueces y magistrados por falta de probidad y por otras causales de inelegibilidad luego de que realizaron una revisión y consultas con la Fiscalía General de la República (FGR).
En tres cartas dirigidas a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, Nacional Electoral, Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente, explican que con base en lo dispuesto en los artículos 95 y 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18 personas enlistadas no cumplen con el requisito constitucional de “gozar de buena reputación”, por estar vinculadas a investigaciones penales federales vigentes, incluyendo delitos graves como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y delincuencia organizada.
Lista
Uno de ellos es Arturo César Morales Ramírez, quien es candidato a magistrado del Tribunal Colegiado de Circuito, postulado por el Comité del Poder Ejecutivo, quien está imputado por delincuencia organizada en la hipótesis de delitos contra la salud en la averiguación previa PGR/SIEDO//UEIDCS/050/2007, mismo que cuenta con orden de aprehensión vigente y pendiente de cumplimentar.
Otro más es Andrés Montoya García, quien busca ser Magistrado del Poder Judicial de la Federación y fue postulado por el Comité del Poder Legislativo y ha sido imputado por desaparición forzada de personas en agravio de un periodista.
En la lista de candidaturas impugnadas también destaca Francisco Martín Hernández Zaragoza quien aspira a Magistrado del poder Judicial de la Federación y fue postulado por el Poder Legislativo Federal pero ha sido imputado por abuso sexual en agravio de diversas víctimas, sancionado y destituido por el Consejo de la Judicatura en 2015.
Edgar Agustín Rodríguez Beiza quien también busca convertirse en magistrado del Poder Judicial de la Federación y fue postulado por el Comité del Poder Judicial Federal , o se le acusa de haber sido imputado por abuso sexual en agravio de una alumna.
Fernández Noroña ha insistido en que el INE cancele estas 26 candidaturas y no permita participar a estas personas en la elección pero el INE considera que será hasta después de la elección cuando se analice y resuelva sobre esta situación.
En las 3 solicitudes enviadas al Instituto Nacional Electoral, Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente, detallan que 18 personas que ya están enlistadas en las boletas electorales del 1 de junio, no cumplen con el requisito constitucional de gozar de buena reputación y 8 candidaturas más no cumplen con el promedio general de calificación.
Así las cámaras del Congreso solicitaron formalmente al Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación del registro de candidaturas a cargos judiciales en el actual proceso electoral extraordinario 2024-2025.
En las cartas dirigidas a Guadalupe Taddei se explica que con base en lo dispuesto en los artículos 95 y 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18 personas enlistadas no cumplen con el requisito constitucional de “gozar de buena reputación”, por estar vinculadas a investigaciones penales federales vigentes, incluyendo delitos graves como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y delincuencia organizada.
Mientras que 8 candidaturas más no cumplen con el promedio general de calificación en la licenciatura de cuando menos ocho puntos.
El informe presentado acredita la existencia de carpetas de investigación y órdenes de aprehensión contra algunas de estas personas. También se documenta que algunas de ellas han actuado como defensores de individuos relacionados con el crimen organizado, lo cual compromete su imparcialidad y representa un conflicto de interés.
En la exposición de motivos se señala que la elección por voto popular no exime del cumplimiento de los requisitos éticos y constitucionales para acceder a la función judicial y que la idoneidad no es solo una cuestión legal, sino un imperativo ético para proteger la legitimidad del Poder Judicial.
En lo que respecta las candidaturas impugnadas por elegibilidad académica que corresponden a cargos de juezas, jueces y magistrados en distintos circuitos y salas del país, los promedios documentados van de 7.0 a 7.93, lo que afecta directamente la idoneidad de las personas aspirantes y demuestra un incumplimiento de las bases legales del proceso.
Se deja constancia de que la exigencia académica no es un trámite, sino un parámetro mínimo de calidad profesional y ética, por lo que permitir estos registros debilita el proceso de reforma judicial y la confianza en quienes estarán encargados de impartir justicia.
Además se hace énfasis que el promedio mínimo no solo es un requisito formal, sino un criterio que busca garantizar un alto nivel de preparación jurídica en quienes aspiren a resolver conflictos que afectan los derechos humanos y el orden democrático.
Finalmente, tanto Gerardo Fernández Noroña como Sergio Gutiérrez Luna solicitan al INE proceder a la cancelación de los registros de estas candidaturas para preservar la integridad, imparcialidad y confianza pública en quienes serán responsables de impartir justicia en el país.