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Al arrancar los conversatorios sobre la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, organizado por el Senado, especialistas, exfuncionarios y representantes del sector expresaron profundas preocupaciones por los efectos nocivos de esta reforma y advirtieron riesgos como la pérdida de autonomía regulatoria, censura digital y hasta la vulnerabilidad ante el crimen organizado pues no contiene controles para contener este peligro.
La ex comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Adriana Labardini, advirtió que la iniciativa presidencial carece de mecanismos para impedir que personas vinculadas con el crimen organizado accedan a concesiones.
“Tuvimos serios problemas, porque no tenemos las herramientas legales de impedir que solicitantes de concesiones vinculados a grupos económicos, vinculados al crimen organizado, sean concesionarios o autorizados. ¿Lo va a tener la agencia?
“Una dependencia no tiene reserva de ley, no puede reglamentar, no puede... ¿Cómo vamos a impedir que lleguen las concesiones a personas vinculadas al crimen organizado o para lavar dinero? Es un tema delicado”, advirtió.
La especialista en telecomunicaciones, criticó además la desaparición de la autonomía regulatoria y cuestionó la capacidad legal de la nueva agencia para salvaguardar el interés público.
En su oportunidad la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) a través de su presidente, José Antonio García Herrera, denunció una sobreregulación histórica hacia radio y televisión, altos costos del espectro y la falta de estudios técnicos para el otorgamiento de concesiones.
Asimismo pidió equidad en el acceso al espectro y mayor transparencia en la actuación de la futura agencia reguladora pues alertó facultades ilimitadas para este órgano.
“A la agencia (de Transformación Digital y Telecomunicaciones) se le otorgan facultades prácticamente ilimitadas y sí creemos que debería de haber mecanismos de supervisión autónomos para evitar decisiones discrecionales.
“Estamos hablando de la libertad de expresión, de la libertad de opinión, de la libertad de información que se pone en manos de concesionarios independientes y privados, y que necesitamos una garantía también como un consejo consultivo, consultas públicas, garantía de audiencia, recursos internos, porque como verán también en esta iniciativa se prevé en revocación de concesiones”, señaló.
El presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI), Jorge Bravo, secundó esos temores sobre los superpoderes de la Agencia y advirtió que la reforma representa un retroceso normativo y una amenaza al ecosistema digital.
En ese sentido, criticó la concentración de poder en la nueva Agencia de Transformación Digital, el posible bloqueo de plataformas digitales sin orden judicial y la creación de un registro de usuarios con riesgos para la privacidad.
“El mayor riesgo que enfrenta el ecosistema digital es la concentración de poder en la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Esta entidad dependiente del Ejecutivo reúne funciones regulatorias, técnicas y de política pública en una sola persona, sin independencia, sin deliberación colegiada y sin contrapesos. No podemos permitir que un solo ente, sin garantías técnicas verificables ni autonomía, decida sobre el futuro de nuestras telecomunicaciones y derechos digitales”, acusó.
Por su parte, Javier Juárez Mojica, presidente del IFT, defendió los logros del instituto en la última década y destacó la disminución de tarifas y la reducción del poder del agente económico preponderante gracias a la regulación asimétrica.
Llamó a construir el nuevo marco legal con visión de Estado y reconoció la importancia del talento humano especializado dentro del IFT.
Los participantes coincidieron en que la propuesta de ley, lejos de garantizar derechos digitales y fortalecer la infraestructura de conectividad, abre la puerta a controles discrecionales, censura y regresiones institucionales.
La AMEDI presentó un documento con 12 propuestas puntuales de mejora, centradas en garantizar la autonomía regulatoria, la pluralidad y la equidad en el acceso a las telecomunicaciones.