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La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que impugnará la decisión de una jueza federal que dejó en libertad a Leslie “N”, alias La Güera, presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras una audiencia realizada en Morelia, Michoacán. Además, la dependencia informó que abrirá una carpeta de investigación contra la juzgadora, a quien acusa de actuar con parcialidad y emitir una resolución contraria a derecho.
La liberación de la acusada, quien fue detenida durante un cateo en Huandacareo el pasado 1 de mayo, se produjo luego de que la jueza Elizabeth Galicia García determinó que no existían pruebas suficientes para vincularla a proceso por delitos contra la salud y delincuencia organizada. La audiencia, que se prolongó por más de diez horas, culminó la madrugada del viernes 9 de mayo.
Según la versión oficial de la FGR, durante el cateo autorizado por el Centro Nacional Especializado, se aseguraron metanfetaminas, cocaína, marihuana y otros objetos ilícitos. La detenida habría intentado huir hacia un domicilio contiguo al momento de la intervención policial.
Sin embargo, durante la audiencia, la defensa argumentó que hubo inconsistencias en los tiempos de ingreso al inmueble por parte de los agentes, así como fallas en la cadena de custodia de las sustancias aseguradas. La jueza consideró que estas irregularidades afectaban de manera sustancial la validez de las pruebas, por lo que dictó el auto de no vinculación a proceso y ordenó la libertad inmediata de Leslie “N”.
La FGR considera que los argumentos utilizados por la jueza son insustanciales y jurídicamente irrelevantes, y afirma que la resolución ignora los elementos centrales del caso: la detención ocurrió durante un cateo legalmente autorizado, en el que se hallaron sustancias ilícitas en el lugar de residencia de la imputada.
Ante ello, la Fiscalía anunció que no solo interpondrá los recursos legales correspondientes contra la determinación judicial, sino que también investigará a la jueza Galicia García por posible delito contra la administración de justicia. La institución sostiene que la resolución judicial vulnera el principio de legalidad y representa un daño a la seguridad nacional, al favorecer a una persona presuntamente involucrada en actividades delictivas de alto impacto.