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México registró unos 26,000 desplazamientos forzados por violencia criminal durante 2024, el doble de los contabilizados el año anterior, según el informe anual del Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés).
El organismo internacional alertó, además, que la cifra real podría ser significativamente mayor, dada la ausencia de un sistema oficial y sistemático de monitoreo sobre este fenómeno en el país.
“El número de desplazamientos por violencia en México ha experimentado un repunte preocupante, asociado al recrudecimiento de conflictos armados entre grupos criminales y a la debilidad institucional para proteger a las poblaciones afectadas”, señala el documento.
El IDMC enfatizó que el estado de Chiapas se ha convertido en el principal foco de desplazamientos internos en el país, debido a su posición estratégica en las rutas del tráfico ilegal de armas, drogas y migrantes. Las localidades más afectadas han sido Tila, Chenalhó y Pantelhó, donde enfrentamientos entre grupos armados y la parálisis de autoridades locales han forzado a miles de personas a abandonar sus hogares.
Chiapas, epicentro de la crisis
Durante 2024, la región Altos de Chiapas ha vivido una escalada de violencia sostenida, con la presencia de grupos armados como el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación disputándose el control territorial, especialmente en zonas rurales e indígenas. Las autoridades locales han sido rebasadas o incluso cooptadas, mientras que las comunidades afectadas han quedado a merced de amenazas, bloqueos, reclutamiento forzado y asesinatos.
El informe recuerda que en el municipio de Pantelhó se reportaron desplazamientos masivos desde 2021, pero que la situación se agravó en 2024 con nuevos brotes de violencia entre grupos criminales y autodefensas armadas, alimentados por la impunidad y la ausencia del Estado.
También en el norte
Aunque Chiapas concentra el mayor volumen, el norte del país también ha registrado cifras alarmantes, en particular el estado de Sinaloa, donde el IDMC contabilizó al menos 4.400 desplazamientos forzados entre septiembre y noviembre de 2024. Estos ocurrieron principalmente en comunidades serranas como Tamazula y Badiraguato, donde las pugnas entre células del cártel local obligaron a decenas de familias a huir.
“Los grupos criminales usan el desplazamiento como una estrategia para vaciar territorios, intimidar poblaciones y consolidar rutas logísticas”, advierte el documento.
Casi 400 mil personas desplazadas en México
El informe también presenta una cifra acumulada que ilustra la magnitud del fenómeno: al cierre de 2024, unas 390.000 personas vivían desplazadas en México por causas vinculadas a la violencia, es decir, lejos de sus hogares y sin garantías de retorno.
Con este dato, México se coloca como el cuarto país con mayor número de desplazados internos por violencia en América, solo por detrás de Colombia (7.26 millones), Haití (1 millón) y Guatemala (573,000).
Los desplazamientos forzados en México no son nuevos, pero han aumentado en frecuencia e intensidad en los últimos cinco años, sin que exista una política nacional articulada para atender a las víctimas, ni un registro público consolidado que permita dimensionar con precisión el problema.
“La invisibilización institucional del desplazamiento interno alimenta la impunidad y agrava las condiciones de vulnerabilidad de las personas afectadas”, concluye el IDMC.
El informe del IDMC, con sede en Ginebra, es una de las pocas fuentes confiables que intenta documentar de forma sistemática los desplazamientos internos a nivel global. Cada año, elabora un balance basado en información de gobiernos, agencias humanitarias y organizaciones locales.
En el caso de México, el informe 2024 refuerza la urgencia de que el Estado mexicano reconozca formalmente el fenómeno, lo registre de forma adecuada y ofrezca protección, atención y reparación a las personas desplazadas, muchas de las cuales terminan atrapadas en círculos de pobreza, estigmatización y revictimización.
Hasta ahora, ni el Gobierno federal ni la mayoría de los gobiernos estatales han establecido mecanismos eficaces para prevenir o atender este tipo de desplazamientos, que afectan de forma desproporcionada a mujeres, menores de edad, personas indígenas y campesinas. En muchos casos, los desplazados terminan refugiándose en comunidades vecinas, en condiciones precarias y sin apoyo institucional.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) ha documentado al menos 500 episodios de desplazamiento forzado interno desde 2006, muchos de ellos invisibilizados por falta de denuncias formales o cobertura mediática.
Organismos de derechos humanos han urgido al Congreso mexicano a aprobar una Ley General de Desplazamiento Forzado Interno, propuesta desde hace más de cinco años y que permanece congelada.