Búsqueda
Las nuevas zonas militares establecidas por el Ejército de Estados Unidos en la frontera con México, específicamente en los estados de Nuevo México y Texas, han generado una creciente controversia legal.
Migrantes detenidos por cruzar sin documentos en estas áreas restringidas enfrentan posibles condenas de hasta 10 años de prisión, sin que quede claro si sabían que se encontraban en zonas prohibidas, lo que ha detenido decenas de casos judiciales en espera de una definición legal.
Desde abril, el gobierno de Donald Trump implementó estas Áreas de Defensa Nacional como parte de su ofensiva contra la migración irregular. En dichos sectores, las tropas están autorizadas a detener a personas por el cargo de invasión a propiedad militar.
Sin embargo, defensores públicos y residentes locales han advertido sobre la falta de señalización adecuada y la ambigüedad de los límites, lo que pone en riesgo tanto a migrantes como a ciudadanos estadounidenses que usan la zona para actividades recreativas como senderismo, caza o ciclismo de montaña.
Incertidumbre jurídica
Más de 300 personas han sido arrestadas en una franja de 180 millas de largo en Nuevo México, según reportó el senador demócrata Martin Heinrich, quien este miércoles envió una carta al secretario de Defensa, Pete Hegseth, exigiendo respuestas. “Tengo serias preocupaciones de que la Administración Trump está eludiendo el debido proceso para individuos que, ya sea intencional o involuntariamente, ingresan a esta nueva área restringida”, escribió Heinrich.
En respuesta a cuestionamientos públicos, Hegseth aseguró en redes sociales el 9 de mayo que más de 1,300 señales de advertencia habían sido instaladas en los límites de las zonas militares. No obstante, en un documento presentado el 5 de mayo ante una corte, el fiscal federal de Nuevo México, Ryan Ellison, argumentó que un migrante que cruza la frontera ilegalmente puede ser procesado por ingresar también a una zona militar, incluso si no vio ninguna señal.
Esta interpretación ha llevado a abogados defensores a congelar negociaciones de acuerdos de culpabilidad mientras se resuelve la cuestión legal. “No podemos avanzar sin saber cómo interpretarán los jueces esta ley inédita”, explicó Barbara Mandel, supervisora en la Oficina del Defensor Público Federal en Las Cruces.
El juez federal Gregory Wormuth deberá emitir un fallo la próxima semana sobre el estándar de prueba requerido para procesar a migrantes detenidos en estas zonas. En su orden del 5 de mayo, advirtió que el gobierno debe demostrar que el acusado tenía conocimiento o intención (mens rea) de invadir un área restringida, lo que complica los procesos judiciales.
¿Riesgo para ciudadanos estadounidenses?
Además del dilema migratorio, las nuevas restricciones están generando alarma entre residentes fronterizos. Ray Trejo, comisionado del condado de Luna y cazador de la zona, expresó su temor: “Estoy en el desierto con ropa camuflada y mi rifle, ¿debo temer que alguien me dispare por estar en territorio militar sin saberlo?”
Heinrich también cuestionó si el Ejército colocará señalización clara y permanente en las 110,000 acres (más de 44,000 hectáreas) de terreno restringido. La respuesta del Departamento de Defensa sigue pendiente, mientras crecen las dudas sobre la legalidad, la proporcionalidad y el impacto social de estas nuevas zonas militares.
El caso se vuelve aún más relevante en el contexto electoral, en el que el presidente Trump ha endurecido su discurso migratorio y militarizado aún más la frontera sur.
Mientras tanto, decenas de migrantes y ciudadanos estadounidenses esperan en el limbo legal una resolución que defina si realmente sabían que estaban cruzando una frontera invisible (con información de agencias).