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La utilización de niños, niñas y adolescentes por parte del crimen organizado “es una práctica muy común y estamos muy preocupados”, alertó Rocío Aznar, jefa de Protección de la Infancia de Unicef en México, en una entrevista concedida a la agencia EFE.
Aznar urgió a mirar con mayor atención “por qué los adolescentes están desapareciendo” en todo el país, un fenómeno que está estrechamente ligado al reclutamiento criminal.
Un reciente informe de la Universidad de Guadalajara (UdeG) revela que en Jalisco, donde se encuentra el Rancho Izaguirre —presunto centro de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)—, las desapariciones de personas entre 15 y 19 años ocupan el primer lugar entre enero y abril de 2025, con 122 reportes. La causa más probable: el reclutamiento forzado.
El crimen organizado ha cooptado a 30,000 menores, según la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). Además, el homicidio se ha convertido en una de las principales causas de muerte entre adolescentes en México, lo cual también puede estar vinculado con su utilización en actividades criminales, advirtió el especialista en protección infantil de Unicef, Juan Rodríguez.
Los menores son usados para tareas que van desde la mensajería hasta el sicariato, quedando expuestos a las formas más extremas de violencia.
Proponen tipificar el delito
Rodríguez destacó que el reclutamiento infantil no está tipificado como delito en México, lo que impide dimensionar con precisión el número de víctimas y obstaculiza su protección. Ante ello, Unicef ha propuesto que se incluya en el marco legal nacional la tipificación específica del reclutamiento y utilización de personas menores de 18 años.
La urgencia es doble: proteger a las infancias y prevenir el crecimiento del crimen organizado. Actualmente, los grupos criminales se aprovechan de que “los menores son más económicos y, dos, las penas imputables son más bajas que las de un adulto”, explicó Rodríguez.
A pesar de que Unicef no cuenta con cifras oficiales por la falta de esta tipificación, Aznar aseguró que el problema es real y “una de las vulneraciones de derechos más graves” en el país. “Estos niños, niñas y adolescentes están expuestos a las peores formas de violencia: las ven, las sufren y, a veces, las ejecutan”, lamentó.
También denunció que con frecuencia el sistema judicial no persigue al reclutador, sino que castiga al adolescente, revictimizando a quien fue manipulado y obligado a delinquir. “El foco y la responsabilidad está en la víctima”, subrayó.
Llamado urgente
Más allá de los delitos cometidos, los menores son usados en múltiples funciones dentro de los grupos criminales: desde mensajeros y cocineros hasta vigías o choferes. Estos roles no necesariamente implican actos violentos, pero sí los exponen a contextos de alto riesgo.
Por ello, Aznar instó al gobierno mexicano a adoptar una política nacional integral, más allá de programas coyunturales o temporales, para prevenir y atender el reclutamiento forzado. Una estrategia de Estado que reconozca, atienda y repare la vulnerabilidad estructural de la infancia mexicana ante el crimen.
Esta política resulta especialmente urgente en un país donde existen más de 127,000 personas no localizadas desde la década de 1960.
“La infancia y la juventud mexicana que se enfrenta a la violencia armada merece la oportunidad de poder sanar, de reconstruir su vida y, si han hecho daño, de poder repararlo de una manera constructiva”, concluyó Aznar.
En respuesta al informe de la UdeG, la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a desarrollar “todos los esquemas necesarios” para atender a la juventud en Jalisco, uno de los focos más graves de reclutamiento forzado.