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María del Rosario Navarro Sánchez, una mujer de 39 años, se convirtió en la primera ciudadana mexicana en ser imputada en Estados Unidos por proporcionar apoyo material a un grupo catalogado como organización terrorista extranjera, según informó este jueves el Departamento de Justicia de EU.
Navarro está acusada de conspirar para suministrar granadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas de México, que fue oficialmente designada en febrero por el gobierno estadounidense como grupo terrorista, junto con otras facciones criminales activas en América Latina.
“La detención de María del Rosario Navarro Sánchez debe enviar un mensaje claro a quienes deseen alinearse con grupos terroristas: serán localizados y procesados con todo el peso de la ley”, declaró el director del FBI, Kash Patel, en un comunicado.
Múltiples cargos
Además del cargo principal por apoyo a terrorismo, el Departamento de Justicia detalló que Navarro enfrenta imputaciones por conspiración para contrabandear y transportar personas dentro de Estados Unidos, compra y tráfico de armas con prestanombres, contrabando de dinero en efectivo y conspiración para poseer drogas con intención de distribución.
Junto a ella, dos hombres mexicanos más enfrentan cargos por tráfico de armas en una corte federal de Texas.
Navarro fue capturada este mes durante un operativo federal en el estado de Jalisco, según confirmó el secretario de Seguridad federal de México, Omar García Harfuch, quien la identificó como operadora del CJNG.
“El Departamento de Justicia agradece a sus socios mexicanos en materia de seguridad”, agregó la dependencia estadounidense.
Relación bilateral bajo presión
La acusación se produce en un contexto de mayor cooperación judicial entre México y Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado, pero también de tensiones diplomáticas. Funcionarios mexicanos han denunciado reiteradamente la responsabilidad de fabricantes de armas en EU, acusándolos de negligencia al permitir que armas de alto poder lleguen a manos de los cárteles mexicanos.
La designación de cárteles como organizaciones terroristas ha generado críticas en México, donde se considera que podría abrir la puerta a intervenciones unilaterales estadounidenses en territorio nacional.
Esta acción también coincide con una nueva oleada de deportaciones impulsada por la administración Trump, que ha endurecido su postura migratoria y ha deportado a miles de extranjeros a terceros países latinoamericanos, en un intento por vincular seguridad nacional, migración y lucha contra el crimen transnacional.
El caso Navarro podría sentar un precedente judicial y político de alto impacto en la cooperación México-EU en materia de crimen organizado, y marcar una nueva fase en la judicialización de las redes criminales mexicanas bajo estatutos antiterroristas.