Una corte civil del condado de Miami-Dade, en Florida, dictó una sentencia contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, y su esposa, Cristina Pereyra, por su implicación en un esquema de contratación ilegal.
El exfuncionario deberá pagar 748 mdd, mientras que Pereyra fue condenada a cubrir mil 740 millones, cifras que suman más de 2 mil 480 mdd.
La sentencia responde a una demanda civil presentada por el gobierno de México en septiembre de 2021, con el objetivo de recuperar recursos extraídos del erario nacional a través de un entramado de empresas vinculadas a García Luna.
Según la acusación, estas compañías obtuvieron al menos 30 contratos con distintas dependencias de seguridad pública entre 2006 y 2012, lo que generó un desfalco por 745.9 millones de dólares.
Paraísos fiscales
La Fiscalía General de la República (FGR) de México sostuvo que los beneficios obtenidos con este esquema fueron transferidos al extranjero mediante complejos mecanismos financieros que incluyeron el uso de paraísos fiscales, con el propósito de ocultar el rastro del dinero.
Estos recursos se habrían utilizado para adquirir bienes muebles, inmuebles y otros activos, principalmente en el estado de Florida, por lo que el gobierno mexicano recurrió a los tribunales de ese estado para intentar recuperar parte de los recursos desviados.
“El gobierno mexicano busca resarcir el daño causado por medio de esta vía civil, que es independiente al juicio penal que enfrenta García Luna en Nueva York”, indicó la representación legal del Estado mexicano durante el proceso.
Este nuevo revés legal para el exfuncionario ocurre en paralelo al proceso penal que enfrenta en Brooklyn, Nueva York, donde fue hallado culpable en febrero de 2023 de mantener vínculos con el Cártel de Sinaloa. En ese caso, García Luna fue condenado a 38 años y cuatro meses de prisión, además de una multa de 2 millones de dólares.
El fallo lo encontró responsable de operar una empresa delictiva dedicada al narcotráfico, conspirar para el tráfico de drogas y emitir declaraciones falsas.
La defensa de García Luna logró recientemente una prórroga de cuatro meses para apelar dicha sentencia, otorgada por el Segundo Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos.
Entramado con alcance global
De acuerdo con las investigaciones presentadas ante la corte de Miami, la red de corrupción que lideró García Luna incluyó a familiares cercanos y socios comerciales que integraron un conglomerado con operaciones en varios países, mediante el cual se triangularon fondos públicos desviados desde México.
La sentencia representa un triunfo simbólico y jurídico para el Estado mexicano, que intenta por múltiples vías judiciales internacionales revertir el daño ocasionado por uno de los escándalos de corrupción más graves asociados al combate al narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón.