Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que la Corte Civil de Florida resolvió que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, y su esposa, Linda Cristina Pereira, deberán devolver una parte de los recursos públicos que se habrían desviado durante su gestión.
Entre 2009 y 2018, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se firmaron 30 contratos por parte del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Policía Federal Preventiva (PFP), por un monto total de 725.9 millones de dólares. Tras el cambio de administración, se detectaron irregularidades que derivaron en una demanda civil presentada por el Gobierno de México ante cortes estadounidenses.
En la primera fase del juicio, el juez ordenó la restitución de 12.5 millones de dólares a la Federación. Esta acción forma parte de una demanda más amplia por 250 millones de dólares promovida contra García Luna, en la que destacó la labor de la entonces secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, quien aportó elementos clave para esclarecer la red de corrupción.
Posteriormente, se presentó una demanda adicional contra Linda Cristina Pereira por un monto de 580 millones de dólares. Según lo informado por Gómez, ese monto ya fue recuperado y ha regresado a las arcas mexicanas. Dichos fondos habrían salido del país como parte de un esquema de defraudación operado durante dos sexenios consecutivos.
Aunque el caso aún no está cerrado, y no se ha definido una fecha concreta para su resolución, se espera que el proceso continúe en breve. Gómez aclaró que el gobierno de Estados Unidos no tiene ningún vínculo con la demanda civil interpuesta por México.
Tanto en México como en Estados Unidos existen procesos penales abiertos contra García Luna y su esposa, con el objetivo de reconstruir una historia de corrupción atribuida a delincuentes de cuello blanco. A pesar de ello, un tribunal colegiado de circuito en México concedió a Pereira un amparo que le permite seguir utilizando el sistema financiero nacional sin restricciones.
Las resoluciones que están por venir, concluyó Gómez, permitirán conocer con mayor detalle cómo operaban estos mecanismos de desvío de recursos públicos.