El sistema de salud público destinado a personas sin seguridad social enfrenta un retroceso importante. De acuerdo con las metas anunciadas por el titular del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, para 2025 se prevé otorgar 50 millones de consultas generales, una cifra que representa una caída del 27% respecto al mejor nivel alcanzado en 2016, cuando el entonces Seguro Popular brindó 68 millones de atenciones en los 23 estados actualmente adheridos al nuevo modelo.
La información fue expuesta en la conferencia matutina del pasado 13 de mayo por la presidenta Claudia Sheinbaum, pero las cifras presentadas, lejos de significar un avance, evidencian un deterioro en la cobertura médica para la población sin seguridad social formal. Si se considera que la meta de 50 millones aplica al total del país —y no solo a los estados suscritos al IMSS-Bienestar—, el retroceso sería del 45%.
Organizaciones de la sociedad civil como Fundar, México Evalúa y la Asociación Mexicana de la Lucha Contra el Cáncer, entre otras, advirtieron que no hay datos públicos accesibles sobre personas atendidas, tipo de atención, egresos hospitalarios ni otros indicadores clave. Esta falta de transparencia, aseguran, impide evaluar si el IMSS-Bienestar está cumpliendo sus objetivos y cuál es su verdadero impacto en la salud pública.
Además de las 50 millones de consultas generales, las metas para 2025 incluyen 5 millones de consultas de especialidad y un millón de cirugías. No obstante, estas cifras no están desglosadas ni contextualizadas, y tampoco se especifica si los datos incluyen a todo el país o solo a los estados que han cedido la operación de los servicios de salud a la federación.
“El Gobierno debe plantear metas más ambiciosas de atención en función del tamaño de la población vulnerable y garantizar un presupuesto suficiente para brindar servicios de calidad”, exigieron las organizaciones en un comunicado conjunto.
También urgieron a establecer mecanismos eficaces de transparencia que permitan conocer datos clave como el número de consultas, lugar y tipo de atención, y egresos hospitalarios, de manera que se pueda verificar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
En el actual panorama, 23 entidades federativas han transferido la operación de sus sistemas de salud a la Federación bajo el esquema del IMSS-Bienestar, mientras que el resto mantiene una gestión autónoma de los recursos. Sin embargo, la coordinación entre ambos modelos es escasa, y las organizaciones civiles también pidieron establecer estrategias conjuntas de evaluación y seguimiento.