Con el objetivo de fortalecer los mecanismos para combatir la impunidad, representantes de procuradurías de 11 entidades del norte del país participaron en la Primera Sesión Ordinaria 2025 de las zonas Noreste y Noroeste de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), realizada en San Carlos, Sonora.
Durante el encuentro, las y los titulares de las fiscalías estatales de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas, Durango, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Chihuahua discutieron una serie de reformas legales encaminadas a enfrentar de manera más eficaz los delitos que más afectan a sus regiones.
Uno de los acuerdos más relevantes fue enriquecer y respaldar el proyecto de reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley de Amparo, con miras a su futura presentación ante la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Las propuestas buscan adecuar el marco normativo para hacerlo más funcional ante los retos actuales de la procuración de justicia.
Además, las y los fiscales reiteraron su compromiso con el fortalecimiento institucional a través del envío de iniciativas a la Secretaría Técnica de la CNPJ, que permitan consolidar un sistema de justicia más eficaz.
Otro de los temas centrales fue el seguimiento al Banco Nacional de Datos Forenses, en el que coincidieron en la necesidad de mantener el flujo de información de cada entidad para robustecer esta base nacional, considerada clave en la búsqueda de personas desaparecidas y en la identificación de restos humanos.
También se revisaron los avances en la creación del Registro Criminal de Armas de Fuego (RCAF), un instrumento mandatado por la CNPJ que busca sistematizar la información sobre armas aseguradas. Este registro permitirá a las autoridades contar con datos más precisos para el combate al crimen organizado y la trazabilidad de armamento involucrado en hechos delictivos.
Durante la sesión se abordó también la actualización del instrumento nacional para el registro, clasificación y reporte de delitos y víctimas, aprobado previamente por el Consejo Nacional de Seguridad Pública mediante el acuerdo 11/L/2024. La medida busca mejorar la calidad y comparabilidad de los datos en todo el país.
La reunión fue presidida por Germán Castillo Banuet, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, en representación del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien encabeza la CNPJ.