Migrantes varados en la frontera sur de México enfrentan un incremento alarmante de padecimientos de salud mental, como resultado de las políticas migratorias más restrictivas de Estados Unidos, la falta de empleo y la precariedad de los trámites para regularizar su situación. Así lo alertaron este lunes diversas organizaciones civiles que brindan atención humanitaria en la región.
Fabiola Díaz Rovelo, directora de la Fundación Chiapaneca de Mujeres Migrantes (Chimumi), informó que en las últimas semanas se ha registrado un aumento de hasta 50 % en casos de trastornos como esquizofrenia, estrés postraumático, ansiedad y angustia, tanto en hombres como en mujeres migrantes.
“Es crítica la situación para ellos. Hay riesgo de muerte accidental por inanición, porque no comen, no se hidratan y pueden sufrir un paro cardíaco o un infarto cerebral”, advirtió Díaz Rovelo.
La activista detalló que su fundación ha atendido recientemente a unas 100 mujeres con cuadros depresivos que oscilan entre niveles moderados y graves.
Según la especialista, las nacionalidades más afectadas son personas originarias de Honduras, El Salvador y mujeres haitianas, muchas de las cuales han sido expulsadas a las calles por sus propios consulados, sin ningún tipo de apoyo institucional.
Tapachula, la ciudad chiapaneca que concentra a miles de migrantes, no cuenta con hospitales especializados ni clínicas públicas para atender trastornos mentales, lo que agrava aún más el panorama.
Violencia agrava la crisis
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) México también ha reportado un crecimiento sostenido de la problemática. A mediados de este mes, la ONG informó un aumento de más del 36 % en pacientes migrantes con padecimientos mentales graves durante el primer trimestre de 2025, en comparación con los últimos tres meses de 2024.
MSF atribuye este incremento a la violencia ejercida por actores armados a lo largo de las rutas migratorias en Centroamérica y México, así como al impacto de políticas migratorias cada vez más restrictivas, impulsadas principalmente por el Gobierno de Estados Unidos.
“Nos hemos enfrentado a vivir en la calle porque quedamos sin dinero. Nosotros mismos trabajamos o pedimos dinero para seguir el camino”, relató Nayeli Sedeño, migrante venezolana que viaja con tres hijos. “Solo pedimos más humanismo, menos discriminación y empleo”, declaró a la agencia EFE.
“Desde que cruzan la frontera, los traumas comienzan”
Isabel Méndez Hernández, dirigente de la Organización de Mujeres en Movimiento por la Liberación Nacional, subrayó que los traumas no inician en la ruta, sino desde el momento en que las personas toman la decisión de abandonar su país. “Desde que dejan a su familia, sus propiedades, todo comienza. Definitivamente ha habido muchas muertes, violaciones, asaltos. Y, además, muchos no cumplen sus metas por los cambios de gobierno en Estados Unidos”, denunció.
Méndez añadió que el impacto emocional es devastador: “Es traumático todo lo que dejaron y vendieron por alcanzar el sueño americano, para luego ser rechazados o discriminados”.
La situación en la frontera sur de México se ha intensificado desde el retorno al poder del expresidente Donald Trump, quien retomó la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero pasado.
Según The Washington Post, su nueva administración planea deportar al menos a un millón de personas este año, una cifra que duplicaría el récord de 400,000 deportaciones registrado durante la gestión de Barack Obama en 2011.
El endurecimiento de la política migratoria ha sido una de las principales prioridades del gobierno de Trump, lo que ha desatado un nuevo ciclo de presión humanitaria sobre las zonas fronterizas mexicanas, donde miles de migrantes viven hoy en condiciones de abandono, inseguridad y creciente crisis emocional.