El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizó uno de los decretos aprobados por el Senado durante el llamado “viernes negro”. Dicho decreto otorgó diversas facultades a la entonces Secretaría de la Función Pública -hoy Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno- con el fin de fortalecer la administración pública y garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.
El pleno examinó el procedimiento parlamentario de diversas normas aprobadas en esa misma fecha y, aunque se planteó su invalidez, las acciones de inconstitucionalidad fueron rechazadas al no reunirse la votación calificada requerida.
En esta ocasión, el proyecto presentado por la ministra Yasmín Esquivel propuso declarar infundados los argumentos sobre presuntas irregularidades en la sesión legislativa y validar el procedimiento legislativo del “viernes negro”. Y, a pesar de que 7 de las ministras y ministros votaron en contra de la propuesta, se determinó que el decreto seguirá vigente.
Respecto al contenido del decreto impugnado, la ministra Esquivel explicó que uno de los objetivos es asegurar que el uso de los recursos públicos se realice con mayor eficacia, eficiencia, legalidad, honradez, transparencia y rendición de cuentas; de ahí que se determinó que el decreto no viola el principio de eficiencia administrativa.