La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó este martes que retiró de forma voluntaria su demanda civil en Miami contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y varios de sus socios, como parte del proceso judicial que México emprendió en su contra por corrupción y desvío de recursos.
El retiro, explicó la UIF en un comunicado, no significa el fin del caso. Las partes solicitaron a la jueza Lisa Walsh, del Undécimo Circuito Judicial de Miami-Dade, Florida, que conserve su jurisdicción para poder dictar una sentencia si se concreta un acuerdo legal entre ambas partes, lo cual permitiría validar judicialmente los términos del entendimiento.
“Cabe señalar que el retiro voluntario de la acción no afectaría la sentencia en contra de García Luna, su esposa y sus empresas, pues, en su caso, se solicitaría posterior a su fallo condenatorio”, detalla el documento.
Buscan acuerdo para recuperar activos
La demanda original, presentada por el Gobierno de México, buscaba la recuperación de activos obtenidos ilícitamente por García Luna y sus allegados, quienes supuestamente se beneficiaron de una red de sobornos en contratos públicos durante su gestión como secretario de Seguridad (2006-2012).
La UIF explicó que, a pesar de que el periodo de juicio se había establecido entre el 28 de abril y el 23 de mayo de 2025, el diálogo entre las partes ha continuado y ha generado avances sustanciales hacia un posible acuerdo. No obstante, debido a que no se logró firmar dicho acuerdo antes de la fecha límite, se optó por retirar la demanda sin perjuicio, lo que permite reactivarla más adelante.
Según el comunicado, en caso de que el acuerdo no se formalice, México tendrá 30 días para volver a presentar la demanda ante el mismo tribunal y continuar el juicio hasta su conclusión.
El marco legal que ampara esta decisión es la Regla 1.420(a)(1) del Código de Procedimientos Civiles del estado de Florida, que permite al demandante retirar voluntariamente su caso en cualquier momento, siempre que no haya una resolución de fondo.
Sentencia millonaria vigente
El pasado 22 de mayo, la jueza Walsh dictó una sentencia final en otro procedimiento, en la que ordenó a García Luna y a su esposa, Linda Cristina Pereyra, pagar 2 mil 488 millones de dólares al Estado mexicano como reparación del daño por su implicación en contratos corruptos durante la administración calderonista.
Esta resolución judicial se dio luego de una demanda independiente presentada por el Gobierno mexicano, que denunció a García Luna por enriquecerse ilícitamente a través de una red de empresas fantasma, tráfico de influencias y colusión con el crimen organizado.
García Luna, de 56 años, fue arrestado en Dallas, Texas, en 2019, y en febrero de 2023 fue declarado culpable en una corte de Nueva York por cinco cargos federales, incluyendo tráfico de cocaína, lavado de dinero, conspiración y falso testimonio, además de mantener vínculos directos con el Cártel de Sinaloa.