CDMX — La bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados advierte que la nueva ley de Guardia Nacional, por la cual se abrogará el actual ordenamiento, deberá dejar claro las facultades de las disposiciones de carácter civil, como son los temas de investigación, del mando que ahora será de un general en funciones
El próximo miércoles arranca en San Lázaro el debate en la Comisión de Justicia para crear el dictamen de la nueva ley de Guardia Nacional, que implica reformas a ocho leyes, luego de las modificaciones a la Constitución para adscribir a los elementos de la GN a la Secretaría de la Defensa Nacional.
En entrevista con Crónica, el diputado emecista Pablo Vázquez Ahued señala: : “Es muy importante que se abra la discusión para que se pueda empatar esta reforma que se está proponiendo en materia de Guardia Nacional que incluye también labores de inteligencia, investigación, que se empate pues con las otras dos leyes que ya se propusieron desde la Secretaría de Seguridad Pública en materia de inteligencia y seguridad. Tiene que haber claridad sobre cómo va a ser la conducción en materia de investigación e inteligencia, que nosotros creemos que esa conducción tiene que ser estrictamente civil. Se tiene que dar ese debate, digamos, de manera integral, cosa que pues no está sucediendo porque parece que siguen congeladas las reformas en materia de seguridad pública que propuso la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”.
-¿Cuáles son los temas de Movimiento Ciudadano sobre la GN en esta nueva reforma que ahora va con mando militar, un general en funciones?
- Entendemos que se tiene que hacer toda la armonización con la reforma constitucional, que tiene que consolidarse la Guardia Nacional como una institución de seguridad capacitada, fuerte para el combate fundamental, que es la desarticulación de la delincuencia organizada y de la violencia. Segundo, que sea una reforma que realmente deje con claridad sobre la conducción civil en materia de inteligencia e investigación. Tercero, que sea una reforma en la también queden perfectamente claro y de manera eficaz los mecanismos de coordinación con las entidades federativas y municipios. Que haya coordinación, no subordinación, que realmente las entidades federativas tengan un papel central en la construcción de la política de seguridad. Y cuarto que la reforma persiga los propósitos centrales de recuperar la paz en México.
Para los diputados de MC la nueva ley de GN debe incluir un profundo debate de la Ley de Ascensos del Ejército y la Fuerza Aérea, al Código Nacional Militar y de todas estas leyes que rigen la organización de las fuerzas armadas al quedar adscrita la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa.
La nueva reforma a la Guardia Nacional deriva de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La jefa del Ejecutivo propone extender facultades de operación contra la delincuencia interferencia de comunicaciones de los ciudadanos y redes públicas de internet, además de vigilar, identificar, monitorear y rastrear sospechosos de crímenes, previa autorización de un juez.
Dentro de los rubros para combatir delitos son por evasión de presos, narcotráfico, corrupción de menores, pornografía infantil, y turismo sexual de menores, además de lenocinio también que implique a menores, así como explotación del cuerpo de un menor de edad.
Los elementos de la GN también podrán perseguir el delito de robo en carreteras y caminos.
También homicidios relacionados con el crimen organizado, así como tráfico de menores, robo de vehículo, tráfico de vehículos robados, extorsión y lavado de dinero.
“La Guardia Nacional podrá realizar acciones de vigilancia, identificación, monitoreo y rastreo en la red pública de internet sobre sitios web, con el fin de prevenir conductas delictivas; desarrollar, mantener y supervisar fuentes de información en la sociedad que le permitan obtener datos sobre actividades relacionadas con fenómenos delictivos”, de acuerdo con el artículo nueve de la nueva ley.
Indica que “la autoridad judicial competente podrá, en cualquier momento, verificar que las intervenciones sean realizadas en los términos autorizados y, en caso de incumplimiento, decretar su revocación parcial o total”.
La jefa del Ejecutivo propone que los elementos de la GN actúen en todos los espacios públicos, como zonas fronterizas, aduanas, recintos fiscales, con excepción de los marítimos, secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros y centros de control migratorio. Asimismo, carreteras federales, vías férreas, aeropuertos, el espacio aéreo, los medios de transporte que operen en las vías generales de comunicación y sus auxiliares, así como parques nacionales, instalaciones hidráulicas, vasos de presas y embalses de lagos.
INTERVENCIÓN
En materia de intervención de comunicaciones privadas, la ley de la Guardia Nacional ordena que sólo podrá solicitarla en función de ocho ordenamientos legales que atienden delitos específicos.
Para el caso del Código Penal, la Guardia Nacional podrá solicitar a un juez la autorización para intervenir una comunicación privada para los delitos de evasión de presos, narcotráfico, corrupción de menores, pornografía infantil, turismo sexual de menores de edad, lenocinio de menores de edad, explotación del cuerpo de un menor de edad, asalto en carreteras y caminos, homicidio relacionado con crimen organizado, tráfico de menores, robo de vehículo, tráfico de vehículos robados, extorsión y lavado de dinero.
También en los delitos de portación ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército, tráfico de órganos, tráfico de indocumentados, secuestro, desaparición forzada de personas, trata de personas y robo de combustibles.
“La autoridad judicial competente podrá, en cualquier momento, verificar que las intervenciones sean realizadas en los términos autorizados y, en caso de incumplimiento, decretar su revocación parcial o total”.
Se plantea que la autoridad judicial deberá acordar la solicitud en un plazo no mayor de 12 horas, a partir de su presentación.
Establece que “independientemente de lo anterior, la GN deberá rendir un informe de manera mensual, a efecto de justificar el cumplimiento de los actos de investigación”.