En el marco de la comparecencia del Estado mexicano ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), diversas organizaciones de la sociedad civil que acompañan a mujeres y población LGBTIQ+ en contextos de movilidad humana, lanzaron un enérgico llamado para que se atiendan las recomendaciones contenidas en el informe sombra entregado al organismo internacional.
El documento advierte sobre las graves condiciones que enfrentan estas poblaciones a lo largo de su peregrinar, estancia y búsqueda de protección en México, poniendo el foco en tres ejes fundamentales: el derecho a la salud sexual y reproductiva, el acceso a un trabajo digno especialmente en los sectores agrícola y de cuidados—, y la garantía del libre tránsito.
Las organizaciones alertan sobre el impacto desproporcionado de la política migratoria de mujeres, niñas y adolescentes, en particular aquellas indígenas afrodescendientes con discapacidad, trabajadoras del campo o que forman parte de la diversidad sexogenérica. Muchas de ellas escapan de contextos de violencia en sus países de origen solo para encontrar condiciones igualmente hostiles en México, donde las agresiones continúan y el acceso a la justicia sigue siendo una promesa lejana.
A esta situación se suma el recrudecimiento de la política migratoria mexicana, marcada por una creciente militarización, detenciones arbitrarias, y la fuerte presencia del crimen organizado en las rutas migratorias. Esta combinación de factores ha multiplicado los riesgos para las mujeres migrantes, quienes enfrentan múltiples formas de violencia: sexual, física, psicológica, institucional y estructural.
Un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), publicado en 2024, confirma esta preocupación: todas las mujeres entrevistadas en el estudio reportaron haber sido víctimas de algún tipo de violencia durante su proceso migratorio.
Pese a la magnitud del problema, las cifras muestran una respuesta institucional deficiente. De acuerdo con datos oficiales, entre 2018 y 2024, la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes abrió más de 10,000 expedientes, pero ninguno fue judicializado. Esto refleja un patrón de impunidad sistemática que perpetúa la violencia y desalienta a las víctimas a denunciar, por temor a represalias, deportación o simplemente por falta de confianza en las autoridades.
El informe también resalta el racismo y la hipersexualización que enfrentan las mujeres migrantes, particularmente aquellas afrodescendientes, y la discriminación hacia quienes no hablan español, como es el caso de muchas mujeres haitianas. Las barreras lingüísticas y culturales complican aún más el acceso a servicios de salud, atención legal y protección.
En cuanto al libre tránsito, las organizaciones denuncian que México continúa aplicando la detención migratoria como regla general, contraviniendo las recomendaciones previas del Comité CEDAW y los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los amparos 388/2022 y 275/2019. Estas resoluciones establecen la inconstitucionalidad de las revisiones migratorias en carretera y prohíben detenciones superiores a 36 horas. No obstante, las organizaciones señalan que estas disposiciones no se cumplen, y que las detenciones pueden prolongarse sin control judicial, especialmente en el caso de mujeres y niñas.
El acceso a la salud sexual y reproductiva también permanece limitado y condicionado por la situación migratoria. Muchas mujeres migrantes no tienen acceso a anticonceptivos, atención prenatal o servicios de aborto legal. A esta precariedad se suma la pobreza menstrual, que impide a las mujeres gestionar su menstruación con dignidad por la falta de productos, recursos económicos e infraestructura adecuada.
Particularmente preocupante es la situación de las jornaleras agrícolas migrantes, quienes viven una doble vulneración: por ser mujeres y por su condición migratoria. A pesar de su rol esencial en la producción de alimentos, enfrentan bajos salarios, falta de seguridad social, condiciones laborales precarias y jornadas extenuantes que incluyen el trabajo de cuidados no remunerado. Esto limita su acceso a derechos laborales, de salud y de reproducción.
Ante este panorama, las organizaciones firmantes llaman al Comité CEDAW a formular recomendaciones contundentes al Estado mexicano, incluyendo:
La eliminación de la detención migratoria como norma y la reforma a la Ley de Migración conforme a los fallos de la Suprema Corte.
La creación de una mesa interinstitucional con enfoque de género y diversidad para el diseño de políticas de migración y asilo.
La implementación efectiva de protocolos judiciales con perspectiva de género, orientación sexual e identidad de género.
El fortalecimiento de la recolección de datos con perspectiva interseccional.
La ampliación de las vías de migración regular y la simplificación de procesos de regularización, garantizando que sean accesibles y libres de discriminación.
El acceso universal y efectivo a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la gestión menstrual y el aborto legal.
El establecimiento de políticas laborales para proteger a las trabajadoras agrícolas migrantes, asegurando condiciones dignas, remuneraciones justas y acceso a servicios de cuidados.
La implementación del Sistema Nacional de Cuidados con enfoque especial para mujeres jornaleras agrícolas y sus familias.
Finalmente, las organizaciones enfatizan la urgencia de que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y transite hacia una política migratoria verdaderamente incluyente, con enfoque de género, interseccionalidad y respeto irrestricto a la dignidad humana.
El llamado es claro: ningún avance en materia de igualdad y no discriminación será completo mientras se sigan vulnerando los derechos de las mujeres en movilidad