Entre reclamos de la oposición y acusaciones de vigilancia excesiva y uso faccioso de estos instrumentos, las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado, aprobaron con los votos de Morena y sus aliados reformas a la ley contra el lavado de dinero, con lo que se dota de mayores facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera UIF de la Secretaría de Hacienda, para investigar y congelar cuentas ante la presunción de posibles delitos que impliquen operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento a actividades terroristas.
El dictamen original incluía el monitoreo como Personas Políticamente Expuestas (PEP) a sindicatos, iglesias, partidos políticos.
Sin embargo, ante los reclamos de la oposición al acusar que con ello se impulsaba una posible persecución a críticos del régimen, se optó por retirar a estos entes.
Estas comisiones avalaron con 23 votos a favor, cero en contra y 6 abstenciones, el dictamen que establece que por primera vez servidores públicos de los tres niveles y órdenes de gobierno, así como órganos autónomos, serán considerados Personas Políticamente Expuestas (PEP).
La Secretaría de Hacienda será responsable de elaborar y mantener actualizado un listado nominativo de las personas servidoras públicas clasificadas como PEP, y podrá solicitar información patrimonial y financiera directamente a entidades públicas, sin que medie orden judicial.
Las dependencias federales, locales y municipales, así como órganos autónomos, empresas públicas y fiscalías deberán remitir sus listados a Hacienda.
Además, se impone la obligación de monitorear intensivamente a las PEP en actividades financieras consideradas de riesgo y de contar con manuales internos para detectar operaciones sospechosas en las llamadas “actividades vulnerables”, que incluyen casinos, joyerías, bienes raíces, venta de autos, obras de arte, préstamos y donativos, entre otras.
Esta reforma amplía el espectro de vigilancia financiera al incorporar, a la propia UIF como “víctima”, cuando se comentan delitos que afecten al sistema financiero, lo que le permitirá coadyuvar en las investigaciones.
El presidente de la Comisión de Justicia, el morenista, Javier Corral, esta reforma busca cumplir compromisos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), evitar sanciones internacionales y garantizar que las actividades económicas en México sean legales y transparentes.
Estas medidas—agregó-- buscan prevenir que recursos ilícitos contaminen el sistema financiero.
Recalcó que con estas reformas se actualiza la relación de negocios, amplía la lista de actividades vulnerables como el desarrollo inmobiliario, los activos virtuales y los fideicomisos, y precisa obligaciones para notarios y corredores públicos en su colaboración antilavado.
Sin embargo, legisladores del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano externaron fuertes críticas al dictamen.
A través de la senadora Alejandro Barrales, Movimiento Ciudadano expresó su preocupación por que se permita que la información se pueda proporcionar, sin restricción alguna, a la Secretaría de Hacienda, sin que medie una orden judicial previa.
“Nos parece muy delicado que un ente de gobierno con una simple solicitud pueda tener acceso a datos personales de las y los mexicanos, a información financiera y patrimonial, y a todo lo que tenga que ver con su parentesco. Nos parece que esto es sumamente delicado”, expresó.
Por su parte, Guadalupe Murguía, senadora del PAN, alertó sobre el riesgo de ambigüedad en la definición de PEP y cuestionó que sea la Secretaría de Hacienda la encargada de interpretar e implementar las disposiciones, lo que consideró “jurídicamente inconveniente”.
Añadió que empresarios han manifestado preocupación por la carga administrativa impuesta a quienes realicen actividades comerciales que excedan ciertos umbrales de operación.
La reforma será enviada al pleno del Senado para su eventual discusión y votación en una sesión del Senado en el próximo periodo extraordinario que supuestamente será convocado en la sesión del próximo viernes de la Comisión Permanente.