Ante la controvertida propuesta de Octavio Oropeza, titular del INFONAVIT, sobre otorgar facilidades para que personas que invaden viviendas puedan adquirirlas, la presidenta aclaró que no se trata de despojar a nadie de su propiedad legítima.
“Que no haya malas interpretaciones, constitucionalmente la propiedad privada está resguardada, que no haya duda”, subrayó.
La mandataria explicó que el objetivo es atender el abandono de casi 800 mil viviendas, originado por malas prácticas del periodo neoliberal. Para ello, se está realizando un censo que permita conocer las condiciones y situación legal de cada inmueble.
“No podemos ignorar esta realidad, se tiene que clarificar”, afirmó, y garantizó que todo se hará en el marco de la ley.
También reiteró que no habrá desalojos, pues “está comprobado que esa estrategia no funcionó”. En su lugar, se buscarán alternativas para aprovechar estas viviendas abandonadas, respetando siempre los derechos de propiedad.