CDMX — La ministra Lenia Batres se ausentó este miércoles de la sesión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ante su inconformidad de que se avale el recurso de revisión recurrido por la empresa Pegaso que controla la firma telefónica Movistar en el que pide la deducción de 4 mil 442 millones 423 mil 90 pesos, un daño, dijo, al erario público.
Aunado a esta manifestación, Batres Guadarrama hizo énfasis en que el próximo martes planteará al pleno del máximo tribunal del país que los temas relacionados con impuestos o fiscales se discutan de manera pública, en sesiones del pleno, y no en lo
‘oscurito’ como fue el caso de Pegaso por consenso de los ministros “que ya se van”.
“La Segunda Sala listó para este miércoles 18 de junio la resolución de un asunto que, de aprobarse conforme al proyecto presentado, significará una pérdida de 4 mil 442 millones 423 mil 90 pesos para el erario federal”, expuso la ministra.
La jueza constitucional explicó que se trata del recurso de reclamación 158/2025, que el ministro ponente, Javier Laynez Potisek, propone se apruebe como fundado, decisión que llevaría a desechar el amparo directo en revisión 1172/2025 y permitir esta cuantiosa deducción a favor de la empresa Pegaso, PCS, S.A. de C.V., por concepto de amortización fiscal de gastos diferidos del ejercicio de 2014.
La empresa argumenta que el pago de la multimillonaria cantidad se le debe deducir debido a que el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que se le cobró fue generado por otra firma del mismo grupo, con la que se fusionó en ese ejercicio fiscal.
Al realizar esa fusión, dejó de obtener ingresos provenientes del Contrato de Operación Delegada de Servicios de Telecomunicaciones de la empresa fusionada, por lo que —afirma Pegaso— se le debió deducir de la base gravable el monto señalado en el proyecto. Sin embargo, el grupo empresarial mantuvo la concesión de la que derivaba ese contrato, que le siguió generando ingresos.
El proyecto del ministro Laynez propone no entrar al fondo del asunto, pues afirma que el caso no contiene ningún tema de constitucionalidad, por lo cual la SCJN debería desecharlo, ignorando que el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expresa claramente que es una obligación contribuir a la hacienda pública.
La discusión de este asunto se daría hoy, en sesión privada, en la Segunda Sala, a punto de ser extinguida.
“Tomé la decisión de no acudir ante la insistencia de votar asuntos fiscales de altísimo costo para la hacienda pública. Y, el próximo martes, en la sesión del pleno de la Corte, estaré proponiendo que todos los asuntos fiscales se voten en el Pleno mismo, de manera transparente ante la inminencia de la conclusión del cargo de los actuales ministros”, anunció.