El Gobierno de México rechazó de forma categórica los señalamientos del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que en breve hará pública una solicitud formal de información al Estado mexicano, en el marco del procedimiento iniciado bajo el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
De acuerdo con un comunicado conjunto de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Estado mexicano considera que las afirmaciones sobre una supuesta práctica sistemática y generalizada de desapariciones forzadas carecen de sustento, y calificó cualquier insinuación en ese sentido como “inaceptable”.
Las autoridades federales subrayaron que en México no existe una política de desaparición desde el Estado, y que cualquier funcionario que incurra en estos delitos será investigado y sancionado conforme a la ley, sin excepción.
El posicionamiento se da en un contexto de creciente atención internacional sobre la crisis de desapariciones en el país. Aunque el Gobierno no precisó qué aspectos concretos del informe de la ONU considera infundados, reiteró su disposición para cooperar con mecanismos internacionales de derechos humanos y responder en tiempo y forma a la solicitud del Comité.
Trabajo con colectivos y nuevas leyes
El comunicado también destaca que se trabaja con familiares de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil, como parte de nuevas propuestas legislativas que buscan atender de manera integral el problema, incluyendo a las víctimas indirectas.
Según el Gobierno federal, estas acciones se enmarcan en los compromisos asumidos durante la actual administración, la cual, aseguran, no promueve ni tolera las desapariciones forzadas. Además, se reafirma el compromiso institucional con la búsqueda de justicia y la verdad, así como con la creación de condiciones que garanticen la no repetición de estos crímenes.
Mientras se espera la publicación oficial de la solicitud del Comité de la ONU, las autoridades mexicanas se preparan para presentar sus argumentos y continuar el diálogo con los organismos internacionales, defendiendo su postura y al mismo tiempo, sosteniendo que la cooperación internacional sigue siendo una prioridad en la agenda de derechos humanos del país.