La presidenta de la República fijó este jueves su postura ante las sanciones administrativas impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra dos bancos mexicanos y una casa de bolsa, presuntamente por actos de lavado de dinero.
Durante su posicionamiento, la mandataria explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibió recientemente información confidencial por parte de la FIMSEN —el equivalente estadounidense de la UIF—. Sin embargo, aseguró que se trata de datos poco detallados que, hasta el momento, no constituyen evidencia alguna de actividades ilícitas.
“En el documento venían registradas transferencias financieras entre cuentas en China y México, a través de instituciones legalmente constituidas. Eso no es prueba de lavado de dinero, eso no indica nada”, afirmó.
Tras la recepción del reporte, la Secretaría de Hacienda y la UIF solicitaron a sus contrapartes estadounidenses ampliar la información. No obstante, aseguró que hasta el momento no han recibido respuesta.
“Las dependencias de EU ya no respondieron. Nosotros investigamos y lo que encontramos son transacciones que se han realizado desde hace muchos años. Lo enviado por el Departamento del Tesoro no son pruebas, son dichos”, sostuvo.
La presidenta fue enfática al señalar que si existen pruebas concretas, el Gobierno mexicano está dispuesto a colaborar en las investigaciones. “En México no hay impunidad, no importa quién sea. Pero si no hay pruebas, no se puede actuar. Hasta ahora no han enviado ninguna”.
Asimismo, subrayó que el país mantiene una postura de soberanía frente a cualquier señalamiento internacional. “México no se subordina a nadie. Somos un país libre, soberano e independiente. La relación con Estados Unidos es de iguales. No somos la piñata de nadie. A México se le respeta”.
Finalmente, la mandataria celebró la aprobación en el Senado de una nueva ley contra el lavado de dinero, subrayando que se trata de una legislación clave que adquiere relevancia en el contexto actual.