La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó su preocupación por las reformas legislativas en discusión que redefinirían el funcionamiento de la Guardia Nacional y modificarían leyes clave del sistema de seguridad pública en el país, al considerar que estas medidas podrían profundizar la militarización de la seguridad pública y poner en riesgo derechos fundamentales, como la privacidad y la rendición de cuentas.
A través de una serie de publicaciones en su cuenta oficial de la red social X, la ONU-DH cuestionó el rumbo de las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, así como la propuesta de una nueva Ley de la Guardia Nacional que se analiza en el Congreso.
De acuerdo con el organismo, los cambios permitirían a los elementos de la Guardia Nacional asumir facultades de investigación e inteligencia sin establecer mecanismos adecuados de control democrático ni garantizar transparencia en su actuación. La preocupación principal es que estas facultades podrían consolidar una estructura de seguridad con una naturaleza militar inadecuada, en contraposición al mandato civil que debería tener.
Uno de los puntos más controvertidos es la posibilidad de que el Ejército procese información de inteligencia, una atribución que, según la ONU-DH, debe estar limitada por salvaguardas legales que protejan la privacidad de las personas. La oficina recordó que el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) establece el derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias en la vida privada, una garantía que podría verse comprometida si las reformas avanzan sin los debidos controles.
“Reiteramos que la seguridad pública debe ser una responsabilidad de las autoridades civiles, sujeta a controles democráticos, con deliberación pública amplia y realizada con pleno respeto a los derechos humanos”, señaló la ONU-DH en su comunicado.
Las modificaciones ya fueron aprobadas en la Cámara de Diputados y ahora están bajo análisis en el Senado, lo que ha generado un intenso debate en la opinión pública y entre organizaciones de la sociedad civil, que también han manifestado su inquietud por la posible normalización de la vigilancia sin orden judicial y por la ampliación del margen de maniobra de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior.
Desde su creación en 2019, la Guardia Nacional ha sido objeto de polémica por su relación operativa con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a pesar de estar constituida legalmente como una corporación de carácter civil. Estos antecedentes han alimentado los señalamientos sobre un proceso progresivo de militarización de la seguridad pública, contrario a las recomendaciones de organismos internacionales.