La empresa aeroespacial SpaceX, propiedad de Elon Musk, solicitó formalmente al gobierno de México su colaboración para recuperar los fragmentos del cohete Starship que cayeron en territorio nacional tras un fallo ocurrido el pasado 18 de junio durante una prueba en Texas. El incidente ha generado tensión diplomática y un debate público sobre los riesgos y responsabilidades de la exploración espacial privada cuando sus efectos trascienden fronteras.
La explosión del cohete, lanzado desde la base de pruebas en Boca Chica, provocó que partes de la nave aterrizaran en el estado de Tamaulipas, específicamente en zonas cercanas a la playa Bagdad y al ejido La Burrita, a pocos kilómetros de la frontera. Ante esta situación, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que se analiza emprender acciones legales por la presencia de “basura espacial” en el país y se estudian posibles daños ambientales y de seguridad en el marco del derecho internacional.
En un mensaje difundido en redes sociales, SpaceX aseguró que, conforme a pruebas independientes previas, los restos del cohete no representan ningún riesgo químico, biológico ni toxicológico. Además, afirmó que, como en cada prueba, se estableció una zona de seguridad alrededor del sitio de lanzamiento.
Pese a que la empresa ha intentado recuperar el material, sus esfuerzos —según afirma— han sido obstaculizados por la presencia de personas no autorizadas en propiedades privadas, lo que ha dificultado las labores. Por ello, solicitó asistencia tanto local como federal a las autoridades mexicanas, además de ofrecer recursos y apoyo logístico para la limpieza y recuperación de los fragmentos.
SpaceX también subrayó que los restos continúan siendo propiedad tangible de la empresa, e hizo énfasis en su intención de cooperar con el gobierno mexicano y las autoridades locales para agilizar la recolección del material. En su mensaje oficial, la compañía expresó su disposición a trabajar con las instituciones nacionales “para el retorno de los escombros lo antes posible”.