Con 75 votos a favor y 34 en contra, el Pleno del Senado, aprobó el dictamen de la nueva Guardia Nacional que consolida su carácter militar, redefine su estructura, funciones y régimen jurídico y abre la puerta a que sus integrantes puedan aspirar a un cargo de elección popular lo que ha generado gran polémica.
Ello siempre y cuando soliciten licencia con al menos 90 días de anticipación, o seis meses en caso de aspirar a la Presidencia de la República.
La nueva ley establece distintos tipos de licencias —ordinaria, ilimitada, especial y por edad límite— que serán autorizadas por el titular del Ejecutivo Federal o de la Sedena para que los integrantes de la Guardia Nacional puedan contender por un cargo de elección popular.
“No es tiempo de soldados en campaña ni de convertir cuarteles en casas de campaña”, advirtió la senadora del PRI, Cristina Ruiz
Morena y sus aliados aprobaron este dictamen que militariza formalmente todas las funciones y pone a la Guardia Nacional bajo mando directo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El nuevo ordenamiento define a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública permanente, profesional, integrada por personal militar con formación policial, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La Guardia Nacional será la encargada de ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito federal.
La oposición advirtió una y otra vez las consecuencias en materia de violación a los derechos humanos de la militarización de la Guardia Nacional pero también advirtió los riesgos de que aspiren a un cargo de elección popular.
“No deben aspirar a puestos políticos, deben renunciar o darse de baja para ello. Ellos deben concentrarse en sus tareas de seguridad no andar buscando cargos políticos”, recalcó el senador del PRI, Néstor Camarillo
Sui compañera, Claudia Anaya advirtió que esta medida es violatoria de la Constitución y si la próxima Corte que asumirá funciones a partir del 1 de septiembre es imparcial y deveras apegada a derecho tendrá que “tumbar” esa legislación.
Detalló que si bien el artículo 44 les permite a los uniformados aspirar a un cargo de elección popular mediante una licencia especial, el artículo 42 de esta misma ley, establece que ellos siguen siendo elementos en activo pese a gozar de una licencia, por lo cual es inconstitucional esa medida.
“La Corte se los va a tumbar”, pronosticó
OPERACIONES ENCUBIERTAS
La nueva ley establece que la Guardia Nacional podrá realizar “operaciones encubiertas y uso de identidades simuladas” como parte de tareas de investigación preventiva del delito.
Será responsable de preservar la seguridad, la paz social y de ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, incluyendo labores de investigación criminal bajo conducción del Ministerio Público.
De igual manera, solicitar, bajo conducción del Ministerio Público y con autorización judicial a “intervención de comunicaciones privadas y geolocalización en tiempo real” de equipos móviles para fines de prevención del delito.
Con estas reformas, esta corporación podrá auxiliar a autoridades federales, estatales, municipales y de la Ciudad de México en la protección de personas y bienes ante situaciones de peligro o violencia.
También colaborar temporalmente con gobiernos estatales y municipales en tareas de seguridad pública, con el objetivo de preservar la paz social y apoyar al Poder Judicial de la Federación y a la Fiscalía General de la República cuando así lo soliciten.
La Sedena organizará, capacitará y administrará a la Guardia Nacional, además de rendir un informe anual al Ejecutivo.
La ley también permite que los integrantes de la Guardia Nacional puedan contender por cargos de elección popular, siempre y cuando soliciten licencia con al menos 90 días de anticipación, o seis meses en caso de aspirar a la Presidencia.
Se prevén distintos tipos de licencias —ordinaria, ilimitada, especial y por edad límite— que serán autorizadas por el titular del Ejecutivo Federal o de la Sedena.
Asimismo, la legislación endurece el régimen disciplinario de los elementos de la GN, quienes estarán sujetos tanto a la justicia militar como al fuero federal o común.
Se contemplan penas de hasta 10 años de prisión por delitos como uso indebido de insignias o sobornos.
Asimismo se establecen requisitos de ingreso más estrictos, incluyendo certificados policiales y formación obligatoria en derechos humanos. La estructura de la Guardia Nacional replicará rangos y mandos similares a los del Ejército.