El pasado 26 de junio la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) publicó su informe global 2025 —que incluye a 26 países— en el que ubica a México en la lista de “riesgo alto”, junto a países como Camerún, República Democrática del Congo, Malasia y Pakistán en violaciones a los derechos humanos.
El documento señala que la tortura en México es una práctica generalizada que ocurre en un contexto de impunidad, y que ha sido usada como método de investigación, obtención de confesiones y fabricación de culpables. Para sustentar estas afirmaciones, cita a organizaciones como Documenta, Fundar y el Centro ProDH.
Dicho informe fue replicado por diversos medios sin mayor análisis, generando notas con enfoque parcial y sin rigurosidad periodística, según expresó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en un comunicado publicado el 1 de julio.
La CNDH rechaza categóricamente esta evaluación de la OMCT, y apunta que el informe presenta un panorama devastador a partir de fuentes seleccionadas de manera sesgada y sin metodología sólida. También criticó que el reporte no toma en cuenta la información oficial que se encuentra disponible en su sitio web institucional.
Según la CNDH, en los últimos años ha habido una disminución sostenida de quejas por violaciones graves d derechos humanos, así como un incremento de acciones preventivas, lo cual ha contribuido a evitar la repetición de estos hechos. Por ejemplo, las detenciones arbitrarias, el trato cruel y el uso excesivo de la fuerza ya no figuran entre los principales hechos violatorios en 2024, en comparación con su alta incidencia en años como 2011 o 2018.
Sobre los datos utilizados por la OMCT, la CNDH advierte que aunque son públicos, no constituyen evidencia judicial ni acreditan la calidad de víctima, y fueron presentados como si se tratara de casos confirmados de tortura.
También criticó el uso, sin contexto, de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, omitiendo la comparación con la edición 2016, donde se evidencian descensos en agresiones tras la detención. Tampoco se mencionan otras encuestas de Inegi, Envipe (Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública) y Ensu (Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana), que muestran mejoras en percepción de seguridad y confianza institucional.
En cuanto a la crítica a su independencia, la CNDH subraya que ha sido reconocida con el grado “A” por la GANHRI (Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos) en dos ocasiones desde 2022, lo que confirma su cumplimiento con los Principios de París. También rechazó que haya una “crisis de legitimidad”, como sugiere el informe.
Por último, el organismo señaló que las recomendaciones emitidas por la OMCT son una calca de agendas externas, sin enfoque local ni análisis serio. Acusó que el discurso de la OMCT se parece más a propaganda política que a defensa de derechos humanos y que desacredita los avances logrados desde 2019.
En este contexto, la CNDH reiteró su compromiso con la cero tolerancia a la tortura, la memoria histórica, la reparación del daño, y llamó a analizar los datos oficiales para tener una visión más realista sobre la situación.