El hallazgo de 383 cuerpos apilados y sin incinerar en un crematorio de Ciudad Juárez ha desatado una crisis de confianza entre cientos de familias que hoy se preguntan si las urnas que recibieron realmente contienen los restos de sus seres queridos. El caso involucra a seis funerarias que presuntamente cobraron por servicios de cremación que nunca realizaron.
Desde el anuncio oficial, decenas de personas han acudido a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua para exigir claridad. El escándalo ha reavivado el dolor de familias que habían cerrado duelos sin sospechar que podrían haber sido víctimas de un engaño.
Las denuncias y la indignación no solo provienen de familiares. La activista Silvia Méndez, directora del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, exigió una investigación profunda, señalando la ausencia de supervisión institucional en un estado con más de 4.000 personas desaparecidas, 1.300 de ellas en Ciudad Juárez.
“La Fiscalía debe agotar todas las líneas de investigación. Estas 383 personas tienen identidad y no deben ser revictimizadas”, reclamó. También advirtió sobre los riesgos que representan los espacios funerarios sin regulación, que podrían facilitar prácticas ilegales como la desaparición de cuerpos.
Méndez criticó que el propio fiscal general estatal haya minimizado la posibilidad de que entre los cuerpos sin cremar haya personas reportadas como desaparecidas, una declaración que, según dijo, refleja la falta de voluntad institucional ante una crisis forense persistente.
(Con información de EFE)