La diputada María Teresa Ealy Díaz, del grupo parlamentario de Morena, presentó ante la Comisión Permanente una iniciativa de reforma constitucional que busca garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 12 de gestación en todo el territorio nacional.
El objetivo, según la legisladora, es eliminar la criminalización de esta práctica y establecer un marco legal uniforme que garantice acceso universal, seguro, gratuito y libre de discriminación a los servicios de interrupción del embarazo.
Ealy Díaz argumentó que negar este derecho perpetúa la subordinación histórica de las mujeres y representa una forma grave de violencia institucional.
“Obliga a muchas a recurrir a procedimientos clandestinos e inseguros o a enfrentar embarazos no deseados que vulneran su dignidad e integridad”, afirmó.
La propuesta plantea modificar el artículo 4º de la Constitución Política para reconocer de manera explícita el derecho de toda persona a decidir de forma libre, informada y responsable sobre su reproducción.
La iniciativa resalta que la actual disparidad legal entre las entidades federativas ha generado un escenario de desigualdad, en el que el acceso a este derecho depende del lugar de residencia.
Aunque 18 estados han despenalizado el aborto hasta la semana 12, otros mantienen marcos restrictivos que contradicen los principios constitucionales de igualdad, no discriminación y derecho a la salud.
La legisladora recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya ha emitido resoluciones clave en la materia.
En la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017, invalidó disposiciones del Código Penal de Coahuila que criminalizaban el aborto. Posteriormente, en septiembre de 2023, declaró inconstitucionales artículos del Código Penal Federal, obligando a instituciones como el IMSS, ISSSTE y Pemex a garantizar el servicio de aborto de manera gratuita y sin discriminación.
Sin embargo, subrayó que aunque estas resoluciones son vinculantes, no sustituyen a una reforma constitucional que otorgue plena certeza jurídica.
“Elevar a rango constitucional el derecho a decidir, elimina ambigüedades, protege frente a regresiones futuras y asegura su aplicación en todo el país”, señaló.
La propuesta también se fundamenta en compromisos internacionales asumidos por México, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Protocolo de San Salvador y la Convención de Belém do Pará, los cuales establecen obligaciones para garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
El texto propuesto para el artículo 4º establece que toda persona tiene derecho a decidir de forma libre, informada y responsable sobre su reproducción.
El Estado –agrega--garantizará el acceso universal, seguro, gratuito y libre de discriminación a los servicios de interrupción legal del embarazo hasta la semana doce de gestación, conforme a los principios de salud pública y derechos humanos.