CDMX — El Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) liberó a 38 mujeres víctimas de reclutamiento forzado al no ser vinculadas a proceso, pese a que fueron víctimas de tortura e ilegalmente acusadas por la fiscalía estatal, dijo la magistrada Taissia Cruz Parcero, directora General del IFDP.
A casi dos años y medio de su gestión en este instituto, designada en el cargo por la ministra presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Piña, Cruz Parcero ofreció un reporte de labores con 881 defensores en todo el país.
La magistrada expuso que pese ni “el punitivismo exacerbado” ni la facilidad con la que sigue aumentado el catálogo de prisión preventiva al aumento hacen que el IFDP se rinda, por el contrario, su personal hace “imaginar soluciones”, donde parece que es imposible.
“Estar en la Defensoría Pública ha sido una montaña rusa de emociones. Pasamos de la rabia al dolor ante el recurso que no prospera. Por la libertad que no llega de (Israel) Vallarta. La detención arbitraria y la tortura de la jueza Angélica Sánchez. De los suicidios en la cárcel federal número 16 de Diana, Geraldina y de otras 18 mujeres, pero también por los abrazos y las sonrisas por la libertad de Vero Razo, de Sebastián, de Jessica. De lograr un implante coclear o en favor de Martín, para que terminara sus estudios de licenciatura luego de ser discriminado y expulsado de su universidad por sus expresiones y preferencias. Además, lograr la atención sanitaria inmediata en el campamento del río Suchiate, en Chiapas, o para proteger los derechos medioambientales de niños y niñas de Santa María Yucatán o en Bacalar”, dijo la funcionaria.
En el marco de estos dos años de gestión, la magistrada encabezó la inauguración del foro Al inaugurar el “Abriendo caminos para la justicia”, junto con la ministra presidenta del Consejo Federal de la Judicatura, Norma Piña, quien destacó la labor realizada Taissia Cruz Parcero: “Con sus conocimientos y responsabilidad logró, en apenas dos años, reorganizó la defensoría y transmitió a las personas que laboran en la institución el entusiasmo y el gran compromiso por buscar y encontrar una justicia para todas y todos”.
PERSISTE TORTURA
Cruz Parcero descató los alcances de los defesores públicos, en materia de combate a la tortura, de 2023 a mayo de 2025, el IFDP ha documentado 3,177 hechos denunciados. Se ofreció atención jurídica especializada en 11 investigaciones penales por este delito y se han elaborado cédulas de entrevista y otros instrumentos para que defensoras y defensoras cuenten con mejores herramientas para combatir en los procesos esta grave violación a los derechos humanos.
Se atendió, dijo, a más de 90 mil personas en defensa penal federal, se promovieron más de 4 mil solicitudes de revisión de prisión preventiva y se alcanzaron 19,389 resoluciones favorables que implicaron, en la mayoría de los casos, la libertad de personas representadas.
La transformación de la Unidad de Defensa Penal permitió contar con 240 defensoras especializadas en ejecución penal, además de 226 en representación de adolescentes. En el ámbito de la asesoría jurídica, se otorgaron más de 110 mil servicios y se atendió a personas en situación de vulnerabilidad, como personas con discapacidad (3,951), adultas mayores (20,297), personas en movilidad (17,778), niñas, niños y adolescentes (17,816) y 763 personas indígenas.
Además, el IFDP ofreció atención integral en el Cefereso 16, donde se representó a 900 mujeres privadas de libertad, logrando 69 beneficios preliberacionales, además de resoluciones judiciales con efectos generales para la mejora de las condiciones de internamiento (que incluyen derecho a la salud mental, atención ginecológica, entre otras).
Resaltó que actualmente se proporciona asistencia jurídica extraordinaria en 216 casos de feminicidio, en favor de víctimas indirectas y sobrevivientes del delito. La estrategia institucional también impulsó el litigio estratégico con impacto colectivo a través de la ULEDH, que logró precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de alto impacto como los casos Noé-Sóstenes y Rita, así como suspensiones en juicios de amparo en materia medio ambiental, promovidos para proteger ecosistemas y derechos de comunidades indígenas e infancias.
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La directora del IFDP criticó los cambios vertiginosos dentro de la ley y la Constitución que han sido regresivos para todo el armado del sistema de justicia mexicano, además de la importante escasez de recursos y condiciones precarias para el desempeño adecuado de las funciones de este insituto, que en muchos casos ha tenido subordinación y dependencia para las personas que no tienen las condiciones favorables para procurarse una representación jurídica de calidad que sea sensible a sus necesidades a los contextos y capaz de activar los mecanismos constitucionales y legales de defensa y asesoría.
Aseguro que la ruta a seguir pasa necesariamente por el fortalecimiento institucional de las defensorías públicas.
“Con ese objetivo nos hemos pronunciado a favor de la expedición de una ley general de defensorías públicas, previa reforma al artículo 73 constitucional, que prescriba la igualdad salarial y estandariza el servicio profesional de carrera, que garantice la independencia técnica de las personas defensoras y la autonomía presupuestaria, además de que homologue los protocolos de atención de primer contacto y permita la interconexión institucional para la canalización inmediata de las personas usuarias, que instituye asistencia jurídica en todas las materias de capacidades para realizar actos de investigación, así como de servicios a través de la asignación presupuestaria suficiente, y que esto permita la itinerancia de las oficinas y la realización frecuente de brigadas para la atención de personas que viven en ciudades diversas a las capitales de las entidades federativas”, manifestó.
Taissia Cruz Parcero agredeció a Norma Piña la oportinidad de estar al frente del IFDP, y aseguró que desde “otras trincheras” continuará con su labor por una mejor justicia.