(Primera parte)
Como juego macabro, al mismo tiempo de una transmisión en vivo por redes sociales en la cual Armando Contreras, titular del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), presumía una próxima declaratoria a México como país libre de analfabetismo, miles de mensajes llegaban a celulares de los encargados de atender a usuarios, elaborarles materiales y aplicarles exámenes.
Les pedían presentarse un día después, el martes 1 de julio, en las oficinas de sus coordinaciones, donde les notificarían… su baja de la institución.
Era quizás el mayor despido de personal ejecutado por el gobierno del cual se tenga memoria en los últimos tiempos: miles de especialistas, llamados por el Instituto Personas Voluntarias con Subsidio (PVS), a quienes otorga apoyo económico por educando atendido o una cantidad fija, por un máximo de 6 mil pesos al mes.
Este reportero tuvo acceso al oficio 1125/2025 fechado el 20 de junio y firmado por Gerardo Molina Álvarez, Director de Prospectiva, Acreditación y Evaluación del INEA, el cual reveló el trasfondo: “El INEA ha sido notificado por la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP, mediante el documento 1508/2025, de una reducción al presupuesto aprobado por el capítulo 4000, un importe que asciende a los 302 millones de pesos, que equivale al 30 por ciento del total asignado”.


En el mismo oficio se especifica número de bajas en cada estado, a concretarlas entre el 1 y el 3 de julio.
En el Presupuesto de Egresos el capítulo 4000 se refiere a subsidios a entidades y transferencias para apoyos de programas.
De acuerdo con datos de la SEP, en enero de este año fueron seleccionados 41 mil 420 servidores educativos. “Su incorporación, a nivel nacional, tiene como objetivo contribuir a la meta de un México libre de analfabetismo y disminuir el rezago educativo, representando una ayuda significativa para lograr que jóvenes y adultos inicien, continúen o concluyan su educación básica”, pavoneó entonces la dependencia en un comunicado.
Todo cambió en unos meses: el desplome presupuestal del 30 por ciento equivaldría al despido indiscriminado de más de 12 mil 400 colaboradores.
ABUSOS. Mónica recibió el mensaje en su móvil el lunes 30 de junio a las 7:59 de la noche. La citaron, con otros de sus compañeros, al mediodía del martes en la sede de Xochimilco.
-Me da mucha pena, pero fueron dados de baja -les dijo la coordinadora Rosa Isela Benítez Valle, de acuerdo a la versión compartida a Crónica.
-¿Por qué? -preguntó una de las despedidas.
-Porque no hay presupuesto -respondió la funcionaria.
-¿Y dónde fue a dar el presupuesto? -cuestionó Mónica.
-La CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la cual realizó desmanes y protestas en las últimas semanas) ganó al final del día, se les dará el aumento que pidieron y los mandos dijeron: ¿de dónde vamos a agarrar el dinero? Pues del INEA.
-Pero el presupuesto se da a principios de año, ¿cómo nos corren a la mitad? -insistió.
-Pues así es.
“Corrieron a gente que sí necesita el apoyo, con mucha experiencia en educación para adultos, que llevaba 10, 15 años o más macheteándole para obtener una base y padeciendo abusos y desaires, porque el sindicato siempre le daba las plazas a familiares o amigos, o las vendía”, describió Humberto, técnico-docente en Gustavo A. Madero.
Griselda Ortiz tenía 24 años como aplicadora. “He sido testigo de la alegría inquebrantable de nuestros educandos: adolescentes y adultos. Me voy con la satisfacción de haber contribuido aunque sea un poco al bienestar de la comunidad”, escribió en una sentida carta de adiós a sus compañeros, adornada con flores.

Nada de eso importó al INEA: ni los años de servicio ni toda una vida dedicada al alfabetismo ni las capacidades profesionales.
Este diario obtuvo una copia de las cartas de renuncia obligada, dirigidas a Félix Enrique Fuentes, jefe del Departamento de Planeación, Seguimiento Operativo y Acreditación del Instituto:
“Por así convenir a mis intereses me permito expresar mi deseo en declinar de manera definitiva a mi participación como Apoyo Operativo Territorial, la cual derivó del proceso de selección en el que de manera voluntaria participé. Solicito se realicen los trámites administrativos para la baja de mi registro y participación que corresponda, sin responsabilidad alguna para este Instituto”.

-Nos chantajearon -contó Marisela, apoyo en plaza comunitaria de Coyoacán, y quien también fue despedida.
-¿Por qué?
-Nos dijeron que sólo si firmábamos la carta podíamos reingresar en la siguiente convocatoria del Instituto. Si no firman, nos dijo la coordinadora, tendré que hacer un acta administrativa y quedarán vetados para siempre.
ESCLAVITUD. Además de remuneraciones miserables -como 20 pesos por examen aplicado o 150 por prueba mensual acreditada, según consta en las Reglas de Operación-, los voluntarios carecen de seguridad social y de prestaciones, sus tareas son multifuncionales -desde ir casa por casa buscando educandos hasta elaborar materiales o realizar trámites administrativos-, les pagan a mes vencido, no tienen fecha fija de pago y casi siempre hay retrasos.
Tampoco firman contratos, sino cartas anuales de aceptación de trabajo o formatos de continuidad, si en el año en turno se les permite permanecer en sus puestos. Tienen prohibido obtener copias de estas hojas o capturar fotografías.
Isabel, apoyo en la coordinación Cuauhtémoc, tomó una imagen a escondidas y la compartió para este reportaje.
“Declaro que es mi voluntad participar como persona voluntaria con subsidio. Reconozco que el presente formato no genera ningún tipo de obligación o relación de tipo civil o laboral”, se lee en el documento.

Antes, los derechos laborales mínimos de las PVS eran protegidos por un patronato constituido como asociación civil, pero durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador lo desaparecieron.
“El patronato presionaba para los pagos atrasados, nos expedía credenciales y nos ayudaba a dar continuidad al trabajo de un año a otro, pero en el 2022 lo quitaron; ya sólo podíamos ingresar por convocatoria, haciendo exámenes cada año”, contó Isabel.
“Si algo ha caracterizado a estos gobiernos es el maltrato al ámbito educativo, arrasaron con el INEE (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación), con MEJOREDU (Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación) y ahora van por el INEA. Hemos documentado las condiciones deplorables en las que están contratando en la SEP, sin garantía de nada. Según defienden al trabajador, pero sólo se aprovechan de la precariedad laboral”, señaló en entrevista Alma Maldonado, académica del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV).
“Los voluntarios del INEA realizan un trabajo importante contra el rezago, tienen conocimientos especializados. México llegó a ser potencia en alfabetización y educación para adultos. El CREFAL (Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y El Caribe) fue punta de lanza y terminó destruido por Raquel Sosa, con sus universidades del bienestar. Es la paradoja que en sociología llamamos efecto Mateo: les dan menos a los que menos tienen, con instituciones como el INEA, siempre golpeadas en su presupuesto”.

FALSEDAD. En las 26 unidades operativas del Instituto -y sus respectivas coordinaciones-, sólo hay recuento de daños: “aquí corrieron a 50, a 100, a 300”…
“En Iztapalapa, uno de los territorios con mayor rezago educativo, se quedaron sólo cuatro aplicadores para toda la demanda. No sabemos qué parámetro usaron para los despidos. Lo hicieron sobre las rodillas. Sacaron a gente muy valiosa”, afirmó Elena, técnico-docente en Iztapalapa y quien salvó el corte.
-¿Cuáles serán las consecuencias?
-Los voluntarios estaban en las plazas para inscribir, daban informes, difundían el programa, captaban personas en las casas, aplicaban exámenes o evaluaciones intermedias, apoyaban en asesorías y servicios en línea. ¿Qué haré con todo lo pendiente?, le dije a mi coordinador y sólo levantó los hombros. No hay quien haga el trabajo.
De acuerdo con cifras de la SEP, hay en el país 4 millones 127 mil personas analfabetas y 27 millones 560 mil con rezago educativo: mayores de 15 años sin primaria o secundaria terminada. Por eso las autoridades del INEA habían prometido una segunda convocatoria de personal para marzo; la pospusieron para mayo y hoy esa posibilidad quedó sepultada.
A las 8:22 del lunes 30 de junio Alberto, operativo territorial de la alcaldía Iztacalco, recibió en su celular la notificación previa a su despedida.
A esa misma hora, Armando Contreras, titular del INEA, se conectaba en vivo por la web:
“El gran sueño de Vasconcelos fue un país que supiera leer y escribir. Se fue sin lograrlo. Será la presidenta Sheinbaum quien cerrará ese ciclo, porque el INEA logrará este mismo año el índice menor al 4 por ciento de analfabetismo, para que la ONU, a través de la UNESCO, pueda otorgarnos bandera blanca y la primera mujer presidenta pueda declarar a México territorio libre de analfabetismo”, alardeaba.
Era apenas la primera hebra de más irregularidades y abusos…