La prohibición constitucional en México contra de los cigarros electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos, entregó por completo a las bandas criminales el negocio de la comercialización de este tipo de dispositivos en el país, enfatizó Juan José Cirión Lee, presidente del colectivo “México y el Mundo Vapeando”.
En este sentido, aseveró que tal prohibición constitucional, ha permitido a las bandas criminales fortalecer su estructura y posición financiera, asunto que estuvo dentro de los temas abordados en la última reunión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), refirió.
Ante tal situación, Juan José Lee señaló que lejos de que el consumo de vapeadores diera muestras de disminuir, lo cierto es que la demanda registró un crecimiento exponencial por el fácil acceso que tienen menores de edad a comprar ese tipo de dispositivos a través de canales de distribución del “mercado negro”, el cual es operado en su gran mayoría por bandas criminales perfectamente bien estructuradas.
“Prohibir un producto o servicio no significa que el consumo va a desaparecer; es una idea que ya ha demostrado su fracaso no sólo en México sino a nivel global y en diferentes productos a lo largo de la historia, como el caso de los vinos y licores; por ello, lo mejor es regular, es decir, formular leyes para definir criterios para la fabricación, importación, distribución y venta”.
Ante tal panorama, exhortó a los legisladores para que, en el marco de la próxima presentación y análisis de las leyes secundarias de la Reforma Constitucional se defina un marco que regule el uso de los vapeadores, y así impulsar el combate de su consumo en menores de edad y facilitar su acceso para los adultos que desean abandonar el tabaquismo.
En países como: Chile, Colombia y Perú, se ha avanzado en la materia y se siguen los pasos de naciones como Francia, en donde los vapeadores son parte de las políticas públicas para combatir el tabaquismo.
Respecto a los canales de venta, señaló que en el caso de la Ciudad de México, es en el barrio de Tepito o en el Mercado de San Juan en Guadalajara, Jalisco, los cuales se han convertido en importantes centros de distribución de vaporizadores, los cuales son introducidos al país vía contrabando y sin ninguna verificación sanitaria o fiscal.
Advirtió que el ingreso de estos dispositivos al país se realiza de manera ilegal, por los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, así como las fronteras con Guatemala, Belice y sobre todo con Estados Unidos que “se han convertido en una de las principales puertas de contrabando de los vaporizadores, pues en territorio estadounidense los dispositivos se comercializan sin mayor problema, mientras que en México aplica una prohibición de grado Constitucional”.
Recordó que el mayor problema comenzó el pasado 17 de enero, cuando en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se publicó la Reforma Constitucional que prohíbe “toda actividad relacionada con cigarros electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos”, con lo que México se convirtió en el único país en el mundo en prohibir desde la Constitución a dichos dispositivos, ello ha sido en detrimento millones de usuarios mexicanos que utilizan ese tipo de tecnologías para abandonar el consumo de tabaco, porque estos dispositivos son 95% menos dañinos que los cigarros tradicionales.
Resaltó que, ante la distribución y venta ilegal de vapeadores en el país, que además se ha incrementado, se debe a que cuando existen vacíos en las políticas, como ocurre en México, “los cárteles o el crimen organizado llenan el vacío; el gobierno provocó un mercado negro que no debería de existir”.