Durante la conferencia matutina de este martes 8 de julio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró el llamado al gobierno de Estados Unidos para que intensifique sus esfuerzos en el combate al tráfico de armas y el lavado de dinero, dos de los delitos más sensibles en la relación bilateral en materia de seguridad.
“Nosotros hacemos nuestra parte en nuestro territorio, pero ellos tienen que hacer la suya en el suyo”, subrayó la mandataria, al referirse a las instituciones de seguridad y justicia del país vecino. “Más del 70 % de las armas que se usan en México entran ilegalmente desde Estados Unidos”, recordó, citando datos del propio Departamento de Justicia estadounidense.
Desde su perspectiva, el gobierno mexicano ha demostrado disposición al enfrentar a los grupos criminales que operan a ambos lados de la frontera. No obstante, señaló que la respuesta estadounidense ha sido insuficiente y que aún queda trabajo pendiente. “Vamos a seguir insistiendo en que ellos hagan su parte”, puntualizó.
Estrategia binacional contra el crimen organizado
Las declaraciones de Sheinbaum se dan un mes después de la Tercera Mesa Redonda sobre el Combate al Tráfico de Armas y Explosivos, celebrada el pasado 9 de junio en Ciudad de México. El encuentro fue organizado por el Programa Internacional Antinarcóticos (INL) y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), y reunió a más de 100 especialistas en seguridad pública de ambos países.
Entre los acuerdos alcanzados, México se comprometió a integrar una unidad especializada en investigación de armamento dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como a adoptar la plataforma eTrace, que permite rastrear armas utilizadas en delitos. Además, se acordó fortalecer el intercambio de inteligencia balística y el análisis de nuevas tendencias, como el uso de drones armados por parte del crimen organizado.
Se proyecta también la instalación de un laboratorio de explotación de datos para analizar la información recabada en dispositivos incautados al narcotráfico, mientras que las agencias estadounidenses —como la CBP, HSI y el Marshals Service— compartieron metodologías para el manejo de armas decomisadas.
En paralelo, el gobierno mexicano continúa con acciones legales en tribunales estadounidenses. Aunque la Suprema Corte de EU rechazó la demanda presentada por México contra fabricantes de armas, el país mantiene litigios contra tiendas y distribuidores privados en Arizona.
Por su parte, el canciller Juan Ramón de la Fuente ha sostenido reuniones con activistas y funcionarios en Estados Unidos, donde ha reiterado la necesidad urgente de frenar el flujo de armamento. Recordó que alrededor de 45,000 personas mueren cada año en ese país por violencia armada, lo que refuerza la dimensión humanitaria y transnacional del problema.