El Departamento del Tesoro de Estados Unidos concedió una prórroga de 45 días antes de aplicar las sanciones financieras contra tres instituciones mexicanas señaladas por presunto lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo. Las entidades implicadas son CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, identificadas como “de principal preocupación” por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).
Con esta extensión, la fecha de entrada en vigor de las restricciones se movió del 21 de julio al 4 de septiembre de 2025, permitiendo más tiempo para ajustar operaciones e implementar medidas regulatorias. Las órdenes del Tesoro prohibirán ciertas transferencias de fondos que involucren a estas tres instituciones dentro del sistema financiero estadounidense.
De acuerdo con el comunicado oficial, la prórroga responde a las acciones que el Gobierno de México ha implementado desde el anuncio inicial del pasado 25 de junio. Entre ellas, se destaca la asunción temporal de la administración de las entidades señaladas y la transferencia de sus fideicomisos a la banca de desarrollo, como parte de una estrategia para fortalecer el cumplimiento normativo y evitar el financiamiento ilícito.
“Esta prórroga refleja que el Gobierno de México ha tomado medidas adicionales para abordar las preocupaciones planteadas en las órdenes de FinCEN”, señaló el Tesoro estadounidense. Las acciones del Ejecutivo mexicano, encabezado por Claudia Sheinbaum, han sido consideradas como una respuesta positiva a las preocupaciones de Washington.
La FinCEN indicó que continuará en estrecha coordinación con las autoridades mexicanas y evaluará “todos los hechos y circunstancias” antes de considerar cualquier extensión adicional o modificación de las órdenes.
Las medidas forman parte de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, dos marcos legales estadounidenses que permiten al Tesoro sancionar a instituciones y actores financieros considerados facilitadores del tráfico de opioides sintéticos. En este caso, las acusaciones implican un monto superior a 46 millones de dólares, que presuntamente fueron canalizados por las instituciones mexicanas en beneficio de cárteles de la droga.
Andrea Gacki, directora de la FinCEN, reafirmó que el Departamento del Tesoro seguirá utilizando todos los recursos a su alcance para proteger el sistema financiero de Estados Unidos del abuso por parte de organizaciones criminales transnacionales y narcotraficantes.