La aprobación de un impuesto del 1 % a las remesas por parte del Senado de Estados Unidos ha generado un fuerte rechazo entre organizaciones mexicanas, que consideran la medida una ofensa directa al trabajo y sacrificio de millones de connacionales. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) calificó este cobro como ilegítimo e inmoral, al tratarse de dinero producto del esfuerzo de migrantes que laboran honradamente en territorio estadounidense.
Desde su perspectiva, la imposición de un impuesto, aunque inferior al propuesto inicialmente (3.5 %), representa un agravio para quienes sustentan a sus familias en México desde el extranjero. De acuerdo con ANPEC, los mexicanos en EE. UU. desempeñan empleos fundamentales en sectores como el campo, la construcción, el cuidado de personas, los servicios de limpieza y la hostelería, entre muchos otros, lo que desmiente cualquier insinuación de que las remesas provienen de actividades ilícitas.
En 2024, las remesas superaron los 64 mil millones de dólares, convirtiéndose en la principal fuente de ingresos del país. Entidades como Jalisco, Michoacán, Guanajuato, CDMX y el Estado de México dependen en gran medida de este flujo económico que permite a millones de familias cubrir gastos básicos como vivienda, educación, salud y alimentación.
“Se trata de recursos profundamente humanos: esperanza, sostén y amor familiar”, afirmó Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC. Para la organización, es un error que el gobierno mexicano haya ofrecido reembolsar ese 1 % con dinero del erario, ya que se estarían usando fondos públicos para paliar una decisión ajena, lo que implica, en última instancia, cargar ese costo a todos los contribuyentes.
Más allá del impuesto, el entorno de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos se ha visto agravado por redadas migratorias que han sembrado miedo e incertidumbre. Esta situación ha provocado ausencias en sectores clave: cosechas sin levantar, hoteles sin personal suficiente, industrias paralizadas o con menor productividad, lo que se traduce en una economía estadounidense más débil.
Los efectos ya se reflejan en las cifras. Las remesas han caído 12.1 % en abril, la mayor baja desde 2012; un 4.6 % en mayo, la más severa para ese mes en los últimos doce años, y un acumulado de -3 % entre enero y mayo de 2025. Para la ANPEC, esta es una señal clara de que las políticas implementadas por el gobierno estadounidense son contraproducentes, pues perjudican tanto al pueblo estadounidense como al mexicano.
El debate de fondo, advierte la ANPEC, no es porcentual. No se trata de si es un impuesto del 1 %, del 3 % o de cuánto. El punto crítico es que gravar el fruto del trabajo migrante es injustificable en cualquier proporción. La medida, lejos de resolver un problema, crea nuevas tensiones económicas y sociales en ambos países.