Los datos personales de doña Isabel Cruz aparecieron en una lista entregada el mes pasado por el área de programas sociales de Iztapalapa al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). Además del nombre, venía su dirección y teléfono. Estaba etiquetada como prospecto para ser alfabetizada, en esta prisa de la institución por acrecentar cifras y obtener para México bandera blanca de la UNESCO como país libre de analfabetismo, pero… ¡la mujer había muerto hace cinco años!
El caso, compartido a Crónica por el colaborador del INEA encargado de contactarla y quien verificó el fallecimiento, fue la puerta de entrada para conocer una irregularidad más en las actividades de alfabetización en el país: el mal uso de las bases de datos de programas sociales y de las listas de personas censadas por las secretarías federal y locales del Bienestar.
“Me dio mucha pena cuando la hija de doña Isabel me comentó que la señora había muerto en la pandemia de COVID. ´¿Cómo quieren que mi mamá aprenda a leer y a escribir si ya no está con nosotros?´, dijo. Le ofrecí una disculpa, pero me siguió cuestionando: ´¿de dónde sacaron los datos de mi mamá?´. Ya no supe qué decir”, narró el operador territorial.
-¿Cómo les llegó esa lista? -se le preguntó.
-Se la pasó a nuestro coordinador la Territorial Estrella Huizachtepetl de la alcaldía, que tiene su brigada de servidores de la nación para hacer el levantamiento de datos de las personas, a través de los programas sociales. Supuestamente eran candidatos para alfabetizar en el INEA. Cada semana nos comparten una base de datos de beneficiarios o censados.
-¿Qué datos contienen las listas?
-Nombres, direcciones y teléfonos… De hecho el primer contacto con la familia de doña Isabel fue telefónico.
PUNTOS CERTEROS. La pregunta clave de este trabajo fue la misma expresada por la hija de la fallecida: ¿de dónde sacaron los datos?...
Crónica pudo constatar cómo las secretarías del Bienestar -en todos sus ámbitos- filtraron durante las últimas semanas al INEA sus listados de programas sociales y censos, lo cual, como explicaremos más adelante, representa una violación a las leyes de Transparencia y Protección de Datos Personales.
De acuerdo con los testimonios del personal entrevistado, las listas fueron cedidas a los mandos del Instituto, de ahí “bajaron” a los directores generales de cada estado, a los coordinadores de cada alcaldía y municipio, a los técnicos docentes y hasta al último escalafón, los apoyos territoriales. Se transfirieron tanto de manera física, en papel impreso, como de forma digital, vía WhatsApp.
La entrega se concretó en los días previos a la denominada Segunda Jornada Nacional de Incorporación para la Alfabetización, programada del 4 al 6 de julio, cuyo objetivo fue atraer al mayor número de gente y cubrir cuotas.
A la estrategia se le llamó “puntos certeros”, porque las dependencias del Bienestar facilitaron nombre y apellidos de la persona, dirección completa y hasta el “ID PSN” (Identificador del Programa Social Nacional), número único con el cual se identifica a los beneficiarios de cada programa social del gobierno federal.
Este reportero pudo constatar cómo las listas maltrechas y arrugadas iban de calle en calle, de casa en casa, de folder en folder, de teléfono en teléfono, en total descontrol. Aunque también fueron compartidas a este diario, no se publicarán aquí para evitar incumplimientos a la normatividad en la materia.
URGENCIA. Quizás por la evidente transgresión legal, las autoridades del INEA ordenaron a los trabajadores implementar un “plan de discreción”, en el cual se encubrieron nombres y se identificaron a los posibles educandos sólo con su “ID PSN”.
“El coordinador filtró los datos por colonias y las repartió entre todos los territoriales. La orden fue que acudiéramos a los domicilios señalados y tocáramos la puerta, pero sin preguntar directamente por la persona, porque es información clasificada. Teníamos que presentarnos, soltar el choro y preguntar si había algún interesado en aprender a leer y escribir”, contó Javier, Apoyo Territorial en la alcaldía Coyoacán.
-¿Y obtuvieron resultados?
-Pues al menos en la colonia que me tocó se logró inscribir a cuatro personas.
-¿Siguen utilizando la base de datos del Bienestar?
-Sí, porque hay mucha urgencia por incrementar los números y por la bandera blanca que quieren de la UNESCO. La jornada de incorporación se extendió hasta el 11 de julio; en algunos casos las listas tenían pocas personas, pero en otros casos eran muchas y se ha pedido rasurar hasta la última calle.
“Todas las casas marcadas en las listas tenían pegada la calcomanía del censo del Bienestar, ahí te das cuenta que todo estaba coordinado. Hubo cosas extrañas, que no entendí muy bien”, narró Oscar, operativo de la coordinación de Tláhuac.
-¿Qué cosas extrañas?
-No sé por qué con las listas del Bienestar nos exigieron llenar encuestas, pero no teníamos que escribir el nombre, sino el ID del programa social.
-¿Siempre encuestan?
-No, sólo esta vez, dijeron que la Secretaría del Bienestar las solicitaría.
-En sus campañas normales, ¿identifican a las personas con el ID?
-No, con su nombre, pero ahora la orden fue ligarlas a su ID, dizque por discreción.
Crónica obtuvo copias de las encuestas aplicadas, orientadas a “captar” personas; en uno de los apartados se contempla el fallecimiento como causa de posibles sondeos incompletos.
VIOLACIONES. El caso fue consultado con Adrián Alcalá, ex comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, experto en estos tópicos.
¿Deben difundirse o publicarse datos personales de los beneficiarios de programas sociales como direcciones y teléfonos?, se le preguntó.
“Si bien la transparencia de datos exige máxima divulgación, para rendición de cuentas y control ciudadano a las autoridades, la protección de datos personales implica el consentimiento de la persona: voy a recabar tus datos para tal finalidad”.
“El artículo 65 de la nueva Ley General de Transparencia, en su fracción 14, inciso q señala que el padrón de personas beneficiarias deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona física o moral, monto, recurso, apoyo otorgado y, en su caso, edad y sexo, pero nunca habla de difundir correos, domicilios, teléfonos o contactos”.
-¿Es ilegal?
-Claro, pero ojo: una cosa es que la Secretaría del Bienestar recabe esos datos y otra cosa es que los publique, puede recabar el domicilio para una verificación, por ejemplo, de la Auditoría Superior de la Federación, pero sólo es para efectos de investigación, no de divulgación. En el caso que me planteas, están compartiendo información que no es obligación de ley compartir ni difundir.
-¿Bienestar puede ceder su base de datos al INEA?
-No, a menos que tenga autorización legal para hacerlo.
-¿Cómo se sabe si tiene esa autorización?
-Habría que revisar su Reglamento Interior, seguro dice que sí puede compartir esos datos, pero sólo para afectos de fiscalización. ¿El INEA es acaso una autoridad fiscalizadora o investigadora?, ¿qué dice su ley orgánica? Lo que están haciendo es que se están pasando los datos personales por el arco del triunfo para efectos de dar cumplimiento a una cuestión política, fuera de toda norma legal.
Este reportero verificó el Reglamento Interior de la Secretaría del Bienestar, el cual sólo da autorización para filtrar datos personales a la ASF y demás órganos fiscalizadores (artículos 24 y 31). También se revisó el Estatuto Orgánico del INEA: no se le dan facultades fiscalizadoras ni investigadoras.
-Traen las listas como si fueran papel de baño -se le refirió a Alcalá.
-Habría que darle vista a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, ahora garante de los datos personales en posesión de los sujetos obligados, ¿qué está pasando ahí?
-Vienen hasta muertos…
-¿Qué ha hecho la Auditoría Superior de la Federación con la revisión de estos programas? Se supone que revisa el ejercicio fiscal, debería verificar que las personas existen, ¿por qué aprueba la cuenta pública si hay supuestos beneficiados que murieron hace cinco años?
Y doña Isabel no es el único caso…