La Comisión Permanente del Congreso recibió la iniciativa de reforma constitucional para combatir el delito de extorsión y sus distintas modalidades en el territorio nacional donde se precisa que este delito se debe considerar como de alto impacto por las repercusiones a las víctimas.
Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, “extorsión”, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanoso o degradantes, así como electoral.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) la incidencia de este delito pasó de un promedio de 18.89 extorsiones diarias en el año 2018 a 29.77 incidencias diarias promedio en 2025, lo que representa un incremento de 57.62% en sólo seis años.
Las entidades que concentran la mayor incidencia de este ilícito en sus distintas modalidades son el Estado de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León con un 61.8% de las víctimas registradas en el año 2024. Mientras que en enero de 2025, la entidad mexiquense concentró el 33.1% de las víctimas.
“La extorsión no es una conducta menor”, señala el documento.
“Se ha convertido en una herramienta de control económico y social por parte de la delincuencia organizada, que no sólo amenaza a particulares, sino también a instituciones públicas, utilizando este delito como vía para financiar otras actividades delictivas”.
La iniciativa que será remitida a la Cámara de Diputados para su dictaminación, propone reformar el artículo 73 constitucional, para otorgar facultades al Congreso de la Unión y establecer un plazo de 180 días para que se expida una ley general en materia de extorsión.
Solo en enero de este año, se reportó un promedio diario de 29.77 casos, cifra que representa un aumento del 57.62% respecto a 2018.
Uno de los principales problemas identificados por la iniciativa presidencial es la disparidad normativa entre el ámbito federal y las entidades federativas.
Actualmente, el delito de extorsión está regulado tanto en el Código Penal Federal como en los códigos penales locales, con distintas definiciones, modalidades, agravantes y penalidades.
Por ejemplo, mientras que la ley federal establece penas de dos a ocho años de prisión, en estados como Oaxaca se castiga con apenas uno a tres años, y en Chihuahua puede alcanzar hasta 30 años.
En cuanto a las multas, el rango es igualmente disparejo, desde 36 mil pesos en algunas entidades, hasta 691 mil pesos en Coahuila.
Esta falta de armonización, indica el Ejecutivo, impide una política criminal coherente y efectiva, y genera incentivos negativos para la persecución y sanción del delito.
La propuesta de reforma se enmarca en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024–2030 y en el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030, que reconocen la extorsión como un delito prioritario por su impacto social y económico.
Por ello, se plantea una legislación general que homologue el tipo penal y sus sanciones, establezca mecanismos de colaboración interinstitucional, y articule las capacidades del Estado para hacer frente a este fenómeno delictivo.
La propuesta hace hincapié en la discordancia con la que se sanciona actualmente este delito, a nivel federal se contemplan penas de 2 a 8 años de prisión, mientras que en entidades como Oaxaca se impone una sanción de 1 a 3 años de prisión, y en Chihuahua alcanza entre 5 y 30 años de reclusión.
De esta manera, indica la iniciativa, la estrategia nacional para combatir la extorsión deberá fundarse en los siguientes ejes: Prevención en los tres órdenes de gobierno; colaboración institucional, donde se privilegie el uso de la tecnología y sistemas de inteligencia para la investigación; definición de atribuciones para la prevención, investigación, persecución y sanción de la extorsión.
Entre los elementos que incluiría dicha legislación se encuentran:
• La definición clara y amplia del delito de extorsión y sus distintas modalidades.
• La coordinación efectiva entre autoridades federales, estatales y municipales.
• El uso de inteligencia, tecnología e informática en la investigación.
• Programas de formación especializada para cuerpos de seguridad y procuración de justicia.
• Canales seguros y eficaces de denuncia.
• Medidas de protección integral para víctimas, ofendidos y testigos.
• Estrategias de prevención desde los centros penitenciarios, para evitar que estos delitos se orquesten desde el interior de los mismos.
El Ejecutivo Federal subraya que la extorsión es uno de los delitos que más lastima a la ciudadanía y que, a pesar de su gravedad, no ha sido enfrentado con los instrumentos jurídicos adecuados.
La falta de una legislación general, agrega, ha derivado en respuestas parciales, ineficaces y desarticuladas, lo cual ha permitido que la delincuencia organizada siga explotando esta modalidad criminal con impunidad.
“Combatir la extorsión mediante una estrategia articulada, con una legislación adecuada, no es sólo un imperativo legal, sino también un deber ético del Estado mexicano”, sostiene el texto de la iniciativa.
Además, se recuerda que en 2022 el Observatorio Nacional Ciudadano emitió una alerta sobre la carencia de herramientas legales y operativas para hacer frente a las nuevas formas de extorsión, lo que refuerza la necesidad de una intervención legislativa de alcance nacional.