Tras 41 días consecutivos de paro laboral en el Poder Judicial de la Ciudad de México, se pensó que la situación había llegado a su fin. Sin embargo, el presidente Rafael Guerra Álvarez enfrenta ahora la amenaza de que, a partir de este lunes, el paro se reanude.
Apenas el pasado martes 8 de julio reiniciaron actividades en la mayoría de los inmuebles, salvo en los juzgados laborales, quienes retomaron labores con normalidad hasta este viernes.
El punto de tensión atiende a que, a pesar de los acuerdos suscritos, este viernes se procedió al pago de la primera quincena de julio, en la que no se cubrieron las horas extras y se realizaron descuentos sin que se reflejara en sus recibos de nómina el concepto, por lo que acusan que no existe transparencia y un claro incumplimiento. Asimismo, diversas personas que participaron en las protestas, acusan que se les está reasignando a otras áreas sin aviso previo.
Esto tomó por sorpresa a los trabajadores, pues en el acuerdo firmado por el Oficial Mayor, en representación del Presidente, y el subsecretario de gobierno, Fadlala Akabani, se comprometieron a respetar íntegramente su salario, horas extras y adscripciones.
Ha sido el paro laboral más largo en la historia de esta institución y todo indica que no ha terminado; lo que comenzó como una protesta de la base trabajadora, ahora se extiende hasta los Magistrados y Magistradas que en su momento lo designaron como su presidente, quienes además han comenzado a cuestionar su capacidad para seguir al frente del Tribunal más importante de Latinoamérica.
La nueva amenaza se cierne sobre el primer periodo vacacional, que está próximo a iniciar el miércoles y se extenderá por casi tres semanas, ya que se prevé la reanudación de actividades hasta el lunes 4 de agosto. Esto implicaría prácticamente un mes adicional sin impartición de justicia en la capital.
Pleno de Magistrados
Este viernes se desarrolló una sesión privada ordinaria del pleno de magistrados, en la que los mismos Magistrados y Magistradas mostraron un evidente rechazo frente el manejo del problema.
Una de las participaciones que circulan en redes es la del Magistrado Francisco José Huber Olea Contró, titular de la Ponencia 3 de la Sexta Sala Civil, quien señaló puntualmente las consecuencias en vista de la constante disminución presupuestal; la fallida implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, resultado de una indudable falta de planeación; la sobrecarga al personal, que fue una de las razones que originaron el paro laboral; la falta de apoyo de las oficinas administrativas, que una vez más demuestran no estar al servicio de la justicia; y el silencio frente a los continuos errores, un silencio que, en estos momentos clave, está resultando muy costoso.
Con estas situaciones, hizo un llamado para alzar la voz: “No por protagonismo, sino por responsabilidad. Porque callar ante estos atropellos nos convierte en cómplices. Es tiempo de recuperar la dignidad institucional. De defender el trabajo de base. De exigir lo que es justo y de reconstruir la confianza de la ciudadanía. La justicia no se impone desde arriba, se construye desde abajo, con legitimidad, con planeación y con respeto”.
El panorama no ofrece certeza ni para el Poder Judicial ni para la ciudadanía. Ante esta realidad, ¿Qué hará el presidente Rafael Guerra Álvarez para enfrentar esta nueva crisis?