En el centro de una polémica que mezcla redes sociales, institucionalidad electoral y el uso del lenguaje legal, el término “Dato protegido” se convirtió en uno de los temas más comentados en X (antes Twitter).
Lo que parecía una frase sacada de un expediente clasificado es, en realidad, parte del cumplimiento de una sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra una ciudadana que, a ojos del órgano jurisdiccional, cruzó la línea entre la crítica política y la violencia simbólica.
El origen de la disculpa a Dato Protegido
El caso, que hoy genera memes, hilos y debates en redes, tiene su origen en una publicación emitida el 14 de febrero de 2024, cuando Karla María Estrella, usuaria activa de la red social X (antes Twitter), criticó abiertamente la candidatura de la diputada petista Diana Karina Barreras Samaniego, quien también es esposa del entonces presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.
En su publicación, Estrella insinuó que la inclusión de Barreras en las listas de candidaturas obedecía a presiones políticas del legislador morenista, usando frases que el Tribunal consideró como una forma de violencia simbólica y estereotipada contra una mujer en funciones públicas.
Disculpas a Dato Protegido
La denuncia de la legisladora fue atendida por el Instituto Nacional Electoral y canalizada al TEPJF. Meses después, la Sala Regional Especializada resolvió que las expresiones vertidas en la publicación violaban derechos político-electorales y reproducían estereotipos de género al asociar el ascenso político de una mujer al poder de un hombre.
La sanción no tardó en generar reacciones. Estrella fue obligada a emitir 30 disculpas públicas, una por día durante un mes, con un mensaje cuyo lenguaje fue cuidadosamente redactado por el propio Tribunal. En lugar de referirse por su nombre a la legisladora, el texto ordenado impone el uso del término “DATO PROTEGIDO”, con mayúsculas, en cada mención a la persona afectada.
“Te pido una disculpa, DATO PROTEGIDO, por el mensaje que estuvo cargado de violencia simbólica, psicológica, por interpósita persona, digital, mediática y análoga…”.
La expresión, repetida varias veces incluso en el extracto de la sentencia fijado en su perfil, desató el desconcierto entre usuarios de la red, muchos de los cuales desconocían el contexto jurídico. Lo que vino después fue una ola de interpretaciones sarcásticas, ediciones virales del mensaje y el nacimiento de un fenómeno digital con tintes de tragicomedia institucional: “Dato protegido” como meme nacional.
Pero la sanción no se limitó a los mensajes en X. La ciudadana también fue inscrita en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia Política contra las Mujeres, recibió una multa de 10 UMAS (equivalente a poco más de mil pesos), y deberá cursar un taller sobre género y lenguaje no sexista. Todo esto quedó asentado en la sentencia SRE-PSC-94/2024.
A pesar del tono burlesco con que ha sido recibido el caso en redes, Estrella explicó por qué decidió acatar las medidas del Tribunal:
“Sí, sí pueden obligarme. De no hacerlo, pueden bloquear mis cuentas bancarias a través del SAT. Y en un país tan inseguro, usar solo efectivo me pone en riesgo a mí y a mi familia”, escribió en respuesta a quienes le pedían que se rebelara.
¿Por qué se usa Dato Protegido?
Se utiliza el término “dato protegido” porque así lo establece la propia sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con el fin de proteger la identidad de la víctima de violencia política de género durante la ejecución de las medidas de reparación. Aunque el caso es público y se conoce quién presentó la denuncia, la legislación en materia de protección de datos personales, así como la Ley General de Víctimas, obliga a omitir su nombre en los mensajes de disculpa que la persona sancionada debe publicar.
¿Qué dice Dato Protegido sobre las disculpas?
Desde el inicio del proceso, Barreras aseguró que su intención no era obtener una disculpa, sino sentar un precedente que proteja a más mujeres en la arena pública. Sin embargo, las formas impuestas por el Tribunal —con su lenguaje rígido, fórmulas repetitivas y la invisibilización nominal de la víctima— terminaron por alimentar una percepción de censura desproporcionada, especialmente entre quienes creen que el derecho a la crítica debe prevalecer en el debate político.