La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó los avances en la construcción de la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición, que ha contado con la participación activa de más de 450 colectivos y redes de familiares de personas desaparecidas. En conferencia de prensa, la funcionaria aseguró que el nuevo marco legal incorporará 30 propuestas sustanciales derivadas de 90 mesas de diálogo, en las que también participaron 17 dependencias gubernamentales, organismos internacionales y defensores de derechos humanos.
Durante su intervención, Rodríguez destacó que las aportaciones de los colectivos se han centrado en cinco ejes: búsqueda y seguridad, identificación humana forense, bases de datos e información, bienestar y prevención. A partir de estos ejes, los familiares han demandado medidas concretas como la activación inmediata de la Alerta Nacional de Búsqueda, el acceso gratuito a bases biométricas de hospitales y funerarias, y la protección de datos personales durante los procesos de localización e identificación.
Entre los puntos clave que se integrarán a la propuesta legislativa enviada al Senado se encuentran la creación de una Plataforma Única de Identidad, que incluirá la CURP con huella y fotografía desde la infancia, y una Base Nacional de Carpetas de Investigación actualizada en tiempo real por las fiscalías especializadas. Además, se fortalecerá el trabajo conjunto entre las fiscalías y la Comisión Nacional de Búsqueda para garantizar una respuesta inmediata ante nuevos casos.
La secretaria subrayó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el tema ha sido asumido como una prioridad del nuevo gobierno federal. “No basta con aprobar la ley”, señaló Rodríguez, quien aseguró que también se trabaja en armonizar normativas y diseñar una política pública integral con enfoque en las víctimas.
La funcionaria federal también abordó las preocupaciones de seguridad expresadas por algunos colectivos, y afirmó que se está colaborando con autoridades locales para reducir riesgos y mejorar los sistemas de prevención en zonas críticas. “Somos sensibles al dolor que representa la ausencia de un ser querido”, expresó, reconociendo la lucha de quienes diariamente buscan a sus familiares.
La participación de organismos como la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México ha sido clave para fortalecer el enfoque de derechos humanos en esta nueva etapa institucional.
Finalmente, Rodríguez reiteró que el diálogo con los colectivos continuará en lo que llamó una etapa de fortalecimiento institucional, para garantizar que el marco legal no solo reconozca las demandas sociales, sino que se traduzca en acciones eficaces, empáticas y responsables por parte de las autoridades.