El feminicidio de Keila Nicole, una menor de 13 años en San Quintín, Baja California, ha encendido las alarmas a nivel nacional. En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno ya inició una intervención integral en la zona, con el objetivo de atender de raíz las condiciones sociales que permiten este tipo de crímenes.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que, además de atender el caso por la vía judicial —donde un adolescente de 16 años ya fue vinculado a proceso—, se implementará un plan de acción más amplio que incluye un censo casa por casa para conocer las condiciones de vida de los habitantes y así diseñar estrategias de apoyo social.
Sheinbaum subrayó que la violencia no puede entenderse únicamente como una cuestión penal, sino también como un reflejo de la descomposición social en regiones marcadas por la pobreza, la migración y la informalidad laboral. “San Quintín es una zona que vamos a intervenir de manera integral”, afirmó. Señaló que esta región agrícola, caracterizada por su alta producción de exportación —particularmente de cherry y otros productos—, ha crecido gracias al trabajo de miles de jornaleros migrantes, pero sus condiciones laborales y de vida siguen siendo precarias. “Los ingresos de quienes exportan son muy altos, pero los trabajadores no viven en las mejores condiciones y todavía hay esquemas de contratación informales”, explicó.
Para Sheinbaum, este tipo de regiones funcionan como “ciudades de paso”, donde las personas llegan por temporadas cortas y luego continúan su camino, lo que dificulta la creación de tejido social y estabilidad comunitaria. Esta movilidad constante, sumada a la falta de servicios adecuados, escuelas, guarderías, hospitales y empleos formales, crea un entorno donde la violencia puede escalar. “No se trata de estigmatizar, sino de describir una realidad. Muchas zonas del país han crecido así y eso genera una descomposición social que debemos atender”, puntualizó.
La presidenta reiteró que ningún crimen puede justificarse, sin importar las condiciones sociales. “Tiene que haber responsabilidad personal frente a un crimen, pero también debemos intervenir en las causas profundas que generan ambientes de violencia”, señaló. En este sentido, el gobierno federal ya puso en marcha un censo casa por casa a cargo de la Secretaría del Bienestar, con el propósito de conocer de dónde provienen los jornaleros, si pertenecen a comunidades indígenas, y qué necesidades urgentes tienen. Esta información servirá de base para el desarrollo de infraestructura social: se proyecta la construcción y mejora de escuelas, centros comunitarios y un nuevo hospital, que pasará del modelo IMSS-Coplamar al IMSS ordinario.
La intervención en San Quintín, según Sheinbaum, es solo el inicio de una política más amplia que buscará transformar otras zonas del país donde la informalidad, la migración y la marginación han permitido que se instale la violencia como una constante. “Queremos evitar que hechos como el feminicidio de Keila Nicole vuelvan a repetirse. No basta con castigar: hay que construir entornos donde las niñas puedan crecer sin miedo”, concluyó.