El consumo de sustancias psicoactivas se ha convertido en una de las principales problemáticas de salud pública no sólo a nivel mundial, sino en el territorio nacional.
En México, más de 172 mil personas solicitaron tratamiento por consumo de sustancias en la Red Nacional de Atención a las Adicciones en 2024, lo cual refleja la magnitud del problema a nivel nacional.
En este sentido, Randall Rodríguez, representante de la Red Centroamericana y del Caribe para la Reducción de Riesgos y Daños Sanitarios (REDACCA), reconoció los esfuerzos que se han hecho a nivel nacional, por eliminar el consumo de ciertas sustancias y productos como los cigarrillos electrónicos.
No obstante, aseveró que el prohibicionismo “genera un mercado negro imposible de regular”, lo que conlleva un riesgo adicional debido a que las personas consumen sustancias sin saber su contenido, lo cual aumenta el riesgo de sobredosis, daños a la salud y complicaciones para recibir un tratamiento adecuado.
Resaltó que la reducción de daños “no pretende eliminar el riesgo por completo, sino minimizar sus consecuencias de forma efectiva. No es un enfoque moralista, sino una estrategia basada en la realidad social y en la evidencia científica”.
Al respecto se refirió específicamente al uso de los cigarrillos electrónicos, también conocidos como vapeadores, los cuales, están prohibidos para su comercialización y distribución a nivel nacional -situación que ha propiciado un mercado negro para su venta, ya que por canales comerciales legales ya no es posible adquirirlos.
Ello pese a que se han convertido en una alternativa más segura para quienes buscan dejar o reducir su consumo, contrario a medidas adoptadas por otros países que han optado por enfoques regulatorios para estos dispositivos, basados en evidencia científica.
En este mismo sentido, Marcela Madrazo, experta en salud pública subrayó que el prohibicionismo no solo ha fallado en su eficacia, sino que además, “ha demostrado ser poco ético. Al impedir una regulación, se limita la protección a las personas y se fortalece el mercado ilegal”, lamentó.
Ante tal escenario los especialistas en salud y políticas públicas aseveraron que el modelo prohibicionista en México no frena el consumo, por el contrario, ha incrementado los riesgos para la salud, al empujar a las personas a mercados clandestinos y restringir el acceso a herramientas de reducción de daños.
Por el contrario, con un enfoque de reducción de daños, se reconoce que el consumo existe y se busca minimizar las consecuencias, con el acceso a información confiable, insumos seguros, acompañamiento médico y tratamiento voluntario, priorizando la dignidad y los derechos humanos.
Por su parte, Manuel Arellano, subdirector de Atención Comunitaria de la Clínica Especializada Condesa afirmó que la prohibición retrasa la disminución del consumo, ya que se ha observado que en lugar de acercar a las personas a los servicios de salud, las aleja, porque temen ser juzgadas por realizar algo “prohibido”, ante lo cual, sostuvo, “en Clínica Condesa trabajamos desde la empatía y el acompañamiento”.