CDMX — Al presentar las Guías Judiciales de Conducción de Audiencias en Materia de Ejecución Penal, el consejero de la Judicatura Federal, José Alfonso Montalvo, señaló que este documento le da herramientas de empatía a los jueces de Ejecución, que ahora deben velar por los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, desde su ingreso, su estancia y salida de prisión.
Montalvo reparó que el camino hacia la justicia, porque hay víctimas que esperan la reparación del daño, pero en las cárceles hay grupos vulnerables. Se trata, dijo, de analizar los dramas humanos.
“Los juzgadores son los que traducen, los que transforman la letra fría de la ley en actos de justicia. Se trata de un avance hacia una justicia más humana, que no sólo castigue, sino que busque la reinserción social y respete la dignidad de cada persona, al permitir conciliar el estricto cumplimiento del derecho con un profundo sentido de justicia en cada caso particular”, expuso.
La consejera Lilia Mónica López Benítez precisó que estos ordenamientos buscan estandarizar la actividad jurisdiccional que hasta ahora se ha regido, en gran medida, por la experiencia personal de cada persona juzgadora; ofrecen una hoja de ruta clara y un lenguaje común que brinda seguridad jurídica a todas las partes.
Además, constituyen una herramienta flexible, reconocen la compleja realidad operativa de los órganos jurisdiccionales y proponen dos vías para resolver las controversias: pautas claras para la conducción de audiencias orales, y formatos para resoluciones por escrito, lo que facilita la elección del camino más eficiente y garantista, según la naturaleza del caso.
Viven presos abandono y defensores públicos enfrentan amenazas, revela Taissia Cruz Parcero
Como parte de la elaboración de estas guías de audiencias, la directora general del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), Taissia Cruz Parcero, expuso críticas al actual sistema de reinserción penal, condiciones de internamiento y los retos de la defensoría pública.
Cruz Parcero dijo que la cantidad de personas privadas de la libertad, de acuerdo con los censos más recientes más de 100 mil personas, aproximadamente, en el sistema penitenciario, y a nivel federal 20 mil personas en los 14 ceferesos privadas de la libertad.
Señaló que por el sólo de hecho estar privadas de la libertad están en una situación de grave vulnerabilidad, no sólo por las distintas desigualdades que las interseccionan, por su sexo, por su por su preferencia, por su condición de discapacidad, por ser personas migrantes, por ser personas indígenas, y solamente por el abandono que significa la cárcel.
“Pensemos en una población que necesita de atención específica especializada y sobre todo una atención muy humana. En realidad, las personas que están en prisión merecerían el mejor trato, la mejor garantía sus derechos, porque el único derecho del que no pueden gozar, por disposición judicial, es del derecho de libertad todos los demás derechos deberían tener plena garantía, deberían tener plena vigencia, aun estando en esa situación de privación de la libertad”, reflexionó.
Sin embargo, dijo, la situación se agrava por el modelo de política criminal, con la imposición de más penas y más largas, como la solución más fácil a los problemas graves de violencia que aquejan al país.
La magistrada recriminó que, como sociedad, no dimensionamos lo que significa tener personas condenadas apenas mínimas, porque, además, son mínimas de 50 años de prisión hasta de 80 y más allá, pese a que los códigos penales de los estados establecieron límites humanos.
“Con el tiempo teníamos una pena máxima de 40. El costo en todos los sentidos de tener personas que van a pasar el resto de su vida significa hy que estamos haciendo un esfuerzo. Y las guías son la posibilidad de tramitarse, para hacer más efectivos y eficientes la toma de decisión de los casos concretos”.
La funcionaria refirió que de enero de 2023 a mayo de 2025 en el Instituto Federal Defensoría Pública se gestionaron 5,729 beneficios privados y libertades anticipadas, pero, admitió, que se debe seguir trabajando con Código Penal todavía.
“Hay una serie de beneficios que se promovieron en todo el país, 19,748 acciones de defensa entre ellas 11,897 peticiones administrativas y de ahí derivaron 6,566 controversias judiciales a elevar el internamiento de las personas. Y en el instituto se estableció la necesidad de especializar a los defensores y defensoras para que se dedicaran exclusivamente a la materia de ejecución, acuerdo materializado en enero de 2024 mediante la asignación de 252 personas defensoras públicas dedicadas exclusivamente a la materia de ejecución penal. Es decir, se dividió la función de defensa penal y el procedimiento de ejecución, y lo que hicimos fue separar la función de defensa penal para tener esta exclusividad y especialización de 252 personas defensoras en todo el país que únicamente atienden los temas de ejecución penal”, comentó Cruz Parcero, que además señaló que hay personas privadas de la libertad que se encuentran en los penales federales, aunque sus procesos sean del fuero común, lo que implica una carga adicional de trabajo para los defensores públicos a nivel federal.
La magistrada reconoció a los defensores y defensoras que acuden a los penales y estar en contacto con las personas privadas de la libertad , quienes están cumpliendo una pena de 40 años, y probablemente la sentenciada o sentenciado, por un delito que ni siquiera tiene la posibilidad de obtener un beneficio, sólo es tener contacto con el exterior. “Tenemos reportes de defensores y defensores que pueden estar sufriendo algún tipo de amenazas, que pueden estar incluso en riesgo, ya nos ha tocado. Recientemente hay una serie de circunstancias que hacen muy complejo el procedimiento de ejecución penal y al final trabajar para que una parte de toda esta complejidad encuentre un mejor cauce, un mejor camino a partir de toda la experiencia que han adquirido durante todos estos años”, destacó.
