Xavier Nava, presidente municipal de la capital potosina de 2018 a 2021, nieto del histórico líder opositor Salvador Nava Martínez, ganó un recurso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el que se desbaratan el juicio político y la inhabilitación a ocupar cargos públicos que pesaba en su contra. En entrevista con Crónica, comenta enfático: fue un proceso irregular de principio a fin, instrumentado desde el poder estatal. La intención de fondo, puntualiza, es acabar con cualquier opositor al estrambótico gobernador Gallardo.
El Congreso fue notificado de esta resolución el 1 de agosto, pero la congeló. Ahora recibió la notificación el 20 de agosto de que debe dar cumplimiento a la sentencia en tres días. La entrevista con Xavier Nava a continuación:
–¿De dónde derivó la acusación en su contra?
–Lo que sucedió es que estuvimos en la administración municipal en 2018-2021. Decidimos llevar a cabo la construcción de una obra vial, muy importante, para agilizar la movilidad hacia la zona industrial de San Luis Potosí. Ahí trabajan diariamente cerca de 150 mil personas, imagínate lo que significa esto. Para construir unos puentes superiores vehiculares, aprovechamos una vialidad ya existente y que existió desde 1973, que estaba reconocida en diversos planes de desarrollo urbano y bajo jurisdicción de la junta estatal de caminos desde hacía décadas.
Y lo que sucedió es que los ejidatarios del ejido Rancho Viejo La Libertad decidieron hacer denuncias, suponiendo que estábamos afectando terrenos; pero hubo una denuncia muy relevante y es la que traemos a colación por el tema de esta entrevista: presentaron una solicitud de juicio político contra mí y el cabildo de entonces) en el Congreso del Estado, y lo que decían es que nosotros habíamos violado una suspensión que había sido otorgada por un juzgado de distrito, lo que también era falso. La verdad es que nunca afectamos tierras ejidales, porque ese ejido había estado ahí cuando fue su dotación original en 1929. O sea, pasaron muchas cosas, se desarrolló la ciudad, se desarrolló la zona industrial, y esas propiedades fueron o expropiadas o afectadas a lo largo el tiempo. Esa parte ya no era ejidal.
El Congreso del Estado nunca esperó a tener una resolución del Poder Judicial, que es el único órgano que puede decir si eso seguía siendo ejidal o no.
–¿Al paso del tiempo los presuntos ejidatarios lograron alguna suspensión? ¿cuál es el estado actual de las quejas ejidales en juzgados?
–No se resolvió nunca; en algún momento del juicio que se estaba llevando a cabo, desde la Administración Municipal (la que siguió a la mía), se pusieron de acuerdo con los ejidatarios para pagarles por las tierras que eran supuestamente de su propiedad, Algo que los ejidatarios jamás pudieron demostrar. El tema en juzgados ya no se resolvió, porque cuando el Ayuntamiento de la capital de SLP decide pagarles, a través de un contrato de promesa de compra-venta, les paga una parte y entonces los ejidatarios deciden desistirse. Como se desisten, se sobresee el juicio, porque ya no hay materia de litigio.
Mal hecho por parte del Gobierno Municipal, insisto yo en esto, porque se cuestionaba desde entonces que dónde estaban los documentos que probaban que esos ejidatarios eran dueños de esos terrenos. Nunca fueron presentados los certificados de derechos parcelarios, algo así como las escrituras, porque no existen, en el Registro Agrario Nacional ya no forman parte del ejido esos terrenos. Entonces ese pago es un pago indebidamente realizado y del cual hay que conocer a detalle qué sucedió.
–¿Es decir que la presunta afectación a un ejido nunca se corroboró en juzgado?
–Jamás. No hay una determinación del Poder Judicial, que es el único que puede hacerlo, diciendo que esas tierras sí eran ejidos. Mataron ese juicio. Lo que quisieron hacer fue que no tuviéramos un espacio donde defenderno, pero fracasaron.
–¿Qué y cómo logró usted ganar en la Suprema Corte?
–Nos defendimos legalmente, ahí enfocamos nuestro esfuerzo. Finalmente, la Corte nos dio la razón. Lo que argumentó fue que el Congreso estatal hizo todo mal, se escudó en que sus determinaciones eran definitivas, soberanas e inatacables, pero no para volar sistemáticamente la ley, la constitución y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Habíamos empezado a defendernos originalmente en un juzgado de distrito en San Luis Potosí, nos da la razón a medias porque lo que dice es que se reponga el procedimiento, y nosotros nos inconformamos ante un tribunal colegiado de circuito, también del Poder Judicial de la Federación. Y lo que hacemos es que no esperamos a que el tribunal colegiado asuma competencia, sino que vamos directamente a la Suprema Corte y pedimos que se atraiga el asunto.
La Corte lleva a cabo la facultad de atracción y, después de tres años y medio, el 25 de junio de este año, la Corte, evaluando lo que sucedió por parte del Congreso del Estado de SLP, emiten una sentencia contundente y absolutamente favorable a nosotros, señalando que, como ya había mencionado, fueron violentados nuestros derechos fundamentales, nuestros derechos humanos.
Dice también que, durante este proceso, el Congreso del Estado invadió facultades del Poder Judicial de la Federación, y arbitrariamente, determinó que habíamos violado una suspensión que había dictado un juez, lo cual era absolutamente falso y quedó demostrado.
Y la Corte le dice al Congreso del Estado: ‘te equivocaste porque, primero, tu resolución sí es susceptible a un juicio de amparo y segundo, porque hiciste todo mal, tuviste que haber revisar cuáles eran las causales de improcedencia y como no había nada en qué basarse, pues deberías de haber desechado la solicitud de juicio político’.
Sin tener ninguna prueba de que nosotros hubiéramos afectado al ejido, decidieron hacer un juicio político
–¿Qué ve en el fondo de todo esto?
–Lo que es evidente es que hubo presiones y, digamos, arreglos de otra naturaleza en donde no tomaron en cuenta las pruebas que presentamos. Formalmente hay una ley de juicio político en el Estado y esa ley debe seguir los procedimientos y las formalidades del proceso. Y lo que hicieron fue violentar descaradamente todas las formalidades del proceso. La Corte evidencia en su sentencia el enorme desaseo en todo este asunto.
Lo que sí había era una intencionalidad política para afectarnos.
Somos la única oposición real a quienes hoy gobiernan en el estado de San Luis Potosí. En el año de 2018 yo competí en contra de Ricardo Gallardo Juárez, que es el papá del actual gobernador y le ganamos la elección con un margen amplísimo. Desde entonces no había un buen ambiente, para decirlo coloquialmente.
Cuando nosotros llegamos a la presidencia municipal de la capital potosina presentamos más de 14 denuncias penales en contra de la administración previa, por hechos de corrupción, gravísimos todos ellos.
La petición de juicio político en mi contra se dio en el año 2020, pero unos días después de que entró el nuevo gobernador, el 18 de diciembre del 2021, resulta que el Congreso del Estado inmediatamente lleva a cabo esta determinación en mi contra, a todas luces ilegal. Lo que hubo fueron presiones políticas que pretendían sacarnos a la mala de la vida pública: ‘Sáquenlo de la contienda, inhabilítenlo por 18 años y entonces ya no lo tendremos enfrente’. Hoy en día la oposición está completamente disminuida.
No hay una sola acción que vaya en contra de las determinaciones que toma el Poder Ejecutivo, no se le cuestiona absolutamente nada teniendo enormes pruebas de hechos de corrupción y parece que todos son una comparsa del Poder Ejecutivo en San Luis.
Entonces, los partidos políticos de oposición están siendo, lamentablemente, un adorno.
–El Congreso del estado ya acató la resolución de la Suprema Corte?
–No. Precisamente eso es algo importante que hay que resaltar. La Corte, en su propia sentencia es contundente y no deja mucho margen de maniobra, incluso les hace ver las consecuencias de un incumplimiento. El proyecto fue elaborado por la ministra Loretta Ortiz.
El Congreso del Estado ya fue notificado de la sentencia de la Corte formalmente y entonces debe de llevar a cabo el procedimiento que le indica la Corte: ‘lo que vas a hacer es dejar insubsistente la resolución definitiva y emitir una nueva resolución en donde se declare la improcedencia del juicio político, ¡así de claro y preciso! El juicio político era a todas luces improcedente y una venganza política.
Y eso deja sin efectos, por supuesto, todo esto que ellos tenían en mente, que era dejarnos fuera de la vida pública.
–¿De cuándo tienen esa notificación oficial en el Congreso?
–De acuerdo con las páginas de la Suprema Corte, hicieron la notificación formal al juzgado tercero de distrito el día primero de agosto de este año de 2025. O sea, ya llevamos tres semanas sin que las cosas avancen. Lo bueno es que ya tuvimos conocimiento formal como quejoso que el Congreso ya fue notificado, quizá vayan a intentar alargar los tiempos y argumentar cualquier pretexto para no resolver a la brevedad porque esto es un fracaso histórico para la arbitrariedad y mezquindad de un poder del estado en San Luis Potosí.
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En tanto se realizaba la entrevista con Xavier Nava, el pasado día 21, la Suprema Corte da otro paso en la resolución de este caso y ordenó que en el plazo de tres días (se cumple este miércoles), el poder estatal involucrado, es decir, el Congreso acate plenamente las resoluciones que desbaratan el juicio político contra el ex alcalde de la capital potosina.
Esta semana, uno de los opositores más visibles al estrambótico gobernador Ricardo Gallardo Cardona, estará otra vez en posibilidad de presentar batalla electoral. (continuará)