El sector empresarial del país exigió a la Cámara de Diputados revisar la reforma a la Ley de Amparo aprobada en el Senado pues advirtió que pone en riesgo la certeza jurídica en México además de que vulnera la operación de las empresas, al restringir la suspensión del acto reclamado y dificultar la defensa ante créditos fiscales y bloqueos de cuentas.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) expresó su inquietud en especial por el artículo transitorio que permite la aplicación retroactiva de la reforma, con lo que se afecta juicios que se encuentran en trámite.
“Este cambio vulnera la certeza jurídica y rompe con principios constitucionales básicos, entre ellos el artículo 14 constitucional. De aprobarse esta reforma sin correcciones de fondo, México enviaría una señal negativa a inversionistas nacionales y extranjeros”, advierte.
Recalcó que la confianza en las instituciones y la certidumbre legal son condiciones indispensables para atraer capital, generar empleo y mantener la estabilidad económica.
Además, --agregó--un debilitamiento del marco jurídico mandaría un mensaje de desconfianza internacional que podría complicar las negociaciones y revisiones del T-MEC, afectando la posición de México frente a sus principales socios comerciales.
Por ello, demandaron a los diputados Federales revisar con responsabilidad esta reforma, pues recalcaron que su contenido representa un grave retroceso en materia de justicia constitucional y vulnera la defensa de los derechos de los ciudadanos y de las empresas en México.
Recordaron que durante más de un siglo, el juicio de amparo ha protegido la libertad, propiedad y la seguridad jurídica de millones de personas, siendo un pilar esencial del Estado de derecho y una garantía para la vida democrática y económica de la nación.
“Modificarlo sin un análisis técnico, incluyente y responsable, pone en riesgo su eficacia como herramienta de equilibrio entre la autoridad y la sociedad”, estableció.
Reconocemos que la reforma contempla sanciones para las autoridades que incumplan sentencias y la incorporación de elementos de colectividad en el interés legítimo.
Sin embargo—alertó--, los riesgos persisten, ya que la suspensión del acto reclamado continúa siendo rígida.
“En materia fiscal y de bloqueo de cuentas bancarias, se limita este mecanismo de salvaguarda, afectando la operación de miles de empresas. Además, los créditos fiscales firmes y prescritos serán prácticamente imposibles de impugnar”, estableció.
Asimismo, advirtió que la exigencia de garantizar créditos exclusivamente mediante depósitos en efectivo o cartas de crédito excluye a la mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas, que constituyen el corazón de nuestra economía.