La inspección que comenzó con la revisión de un Centro de Almacenamiento y Transformación (CAT) de materias primas forestales en Tlaxiaco, Oaxaca, terminó con el aseguramiento de madera, maquinaria y una denuncia penal. El sitio, ubicado en una zona considerada crítica forestal en el estado, fue revisado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el pasado 28 de julio, en coordinación con la Guardia Nacional.
Durante el recorrido, el personal de la dependencia encontró 2 mil 416 piezas de madera labrada de pino, entre tablas, barrotes, polines y vigas, con un volumen total de 44.844 metros cúbicos. También fueron localizados equipos utilizados para la transformación de materias primas forestales.
Ante el riesgo de un posible desequilibrio ecológico, daño o deterioro grave de los recursos naturales, la Profepa determinó el aseguramiento precautorio de la madera, maquinaria y equipo, además de imponer la clausura temporal total del establecimiento donde se realizaban actividades de almacenamiento, posesión y transformación de productos forestales.
Aseguramiento precautorio
Entre los equipos asegurados se encuentran un trompo para madera, tres cepillos, una canteadora y una sierra circular, maquinaria utilizada para el procesamiento físico-mecánico de los productos forestales encontrados durante la inspección.
La medida de seguridad fue establecida ante las condiciones detectadas en el sitio y busca impedir que el CAT continúe operando bajo las circunstancias señaladas por la autoridad ambiental. De acuerdo con la Profepa, este tipo de actividades irregulares de almacenamiento, transformación y movilización de recursos forestales pueden generar condiciones para el aprovechamiento irregular de estos recursos.
La dependencia también señaló que el establecimiento incumplió posteriormente las medidas de seguridad que le habían sido impuestas, situación que llevó a la presentación de nuevas acciones legales.
Caso ante la Fiscalía
El primer paso ocurrió el 1 de agosto, cuando la Profepa presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia penal por la posible posesión y almacenamiento ilícito de los recursos forestales maderables asegurados durante la inspección.
Días después, el 6 de agosto, la Procuraduría presentó una querella adicional por el posible quebrantamiento de los sellos de clausura y el incumplimiento de la medida de seguridad correspondiente a la clausura temporal total del establecimiento.
Con ambas acciones, el caso pasó también al ámbito de investigación de la autoridad ministerial, mientras la Profepa continúa con el procedimiento administrativo sancionatorio derivado de las irregularidades detectadas.
La Procuraduría informó que continuará con las actuaciones que correspondan dentro de su ámbito de competencia y mantendrá la coordinación y coadyuvancia con la FGR en la carpeta de investigación iniciada por estos hechos.